miércoles, 20 de mayo de 2009

Más de 75 empresas de servicios petroleros expropiadas en mayo en Venezuela

CARACAS.- El gobierno venezolano expropió al menos 76 empresas de servicios petroleros, la mayoría de ellas en el Lago de Maracaibo (noroeste), desde la aprobación a principios de mayo de una ley que otorga al Estado el control de actividades primarias ligadas al sector de hidrocarburos.

El miércoles, la Gaceta Oficial del Estado, vía por la que se comunican oficialmente estas tomas, notificó la expropiación de 35 firmas, a las que se suman otras 39 requisadas la semana pasada en la región de Maracaibo y dos plantas de la empresa estadounidense Williams, expropiadas en el estado Monagas (noreste).

Del total de compañías expropiadas hasta el momento, la mayoría son locales y se dedican al servicio de transporte de personal y materiales, al mantenimiento y remolque de barcazas y a la prestación de servicios en muelles y diques, entre otros.

Al menos dos firmas extranjeras se han visto afectadas directamente por estos anuncios. El consorcio Simco, con participación de la estadounidense Wood Group y consagrada a la prestación de servicios de inyección de agua para el mantenimiento de yacimientos petroleros, aparece en la lista difundida el miércoles.

La otra es la también estadounidense Williams, que operaba dos plantas de inyección de gas que en conjunto manejan 2.000 millones de pies cúbicos de gas al día, los cuales garantizan la producción de 155.000 barriles de petróleo.

Según la Gaceta Oficial, la lista podría seguir alargándose ya que el ministerio de Energía "se reserva el derecho de determinar otros bienes, servicios de empresas o sectores y empresas afectadas" por futuras expropiaciones.

A principios de mayo, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó una ley que otorga al Estado el control de actividades ligadas al sector de hidrocarburos, tales como la inyección de agua, vapor o gas, de transporte de trabajadores y de prestación de otros servicios en la industria petrolera.

Con esta nueva norma, el gobierno venezolano dio un paso adelante en el control del estratégico sector de los hidrocarburos, consciente de poseer una de las mayores reservas del mundo.

Ya desde 2007, funciona en la riquísima Faja del Orinoco (este) un sistema de empresas mixtas entre PDVSA y firmas extranjeras, en las que la estatal es siempre mayoritaria.

Según informó el miércoles la prensa local, la Cámara Petrolera de Venezuela prevé proponer al ministerio de Petróleo que el pago por las expropiaciones se realice en "términos rápidos".

Otra opción posible sería conformar sociedades con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objeto de "mantener parte del negocio".

El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, manifestó en estos días que "no se pagarán tarifas abusivas" por estas empresas requisadas.

Paralelamente, los sindicatos del sector petrolero mostraron su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores de las empresas afectadas, que podrían llegar a 30.000.

Ramírez aseguró que PDVSA absorberá a los trabajadores vinculados con el sector, y en un primer momento 8.000 empleados ya pasaron a la nómina de la estatal.

El miércoles, el diputado oficialista Mario Isea aseguró que PDVSA "está haciendo el inventario (de trabajadores) a conciencia".

"Los trabajadores que cumplan con las condiciones establecidas serán absorbidos por PDVSA (...) No habrá ninguna ola de desempleo producto de la aplicación de la ley", dijo Isea, según la agencia estatal de noticias ABN.

Dirigentes sindicales no dudan de que sea absorbido el personal primario, es decir el que está relacionado directamente con la actividad, pero temen por el futuro del personal de apoyo.

PDVSA tiene una nómina que supera los 74.000 empleados, según cifras que manejan algunos medios locales.

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