"Pusimos en la balanza: arbitraje internacional por 1.000 millones de dólares versus contencioso tributario por 50 millones de dólares y eso era de conocimiento de los negociadores", explicó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas en rueda de prensa el lunes en la noche.
Ashmore y Shell eran propietaria del paquete mayoritario de Transredes, la empresa que administraba los ductos y el transporte de hidrocarburos, y que según las autoridades tenía proceso contenciosos tributarios.
La nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente Evo Morales en mayo de 2006 ordenó que YPFB comprara las acciones para hacerse dueña de la transportadora. El ex ejecutivo de la empresa nacionalizada, Gildo Angulo, denunció que Villegas ordenó el pago de un supuesto "sobreprecio" a los anteriores dueños.
Angulo fue destituido y el gobierno colocó en su lugar a Cyro Camacho el martes en la noche.
"Si el precio por defender a mi país es éste, caramba, con orgullo lo acepto y lo sobrellevo porque no estoy dispuesto a servir a hombres corruptos. Villegas debería estar haciendo compañía con Santos Ramírez (ex presidente de YPFB que se encuentra en la cárcel)", dijo Angulo antes de dejar su despacho.
"Yo tengo los documentos probatorios que salen de la propia empresa, yo tengo estas auditorias que él (Villegas) mismo mandó a hacer", agregó.
Villegas dijo que esas denuncias "son calumnias que buscan menoscabar el proceso de nacionalización" de los hidrocarburos.
Tras una complicada negociación con Ashmore y Shell, el gobierno aceptó pagar 241 millones de dólares, asumió los pasivos por contenciosos tributarios y tomó el control de la empresa el año pasado.
Villegas dijo que el gobierno tuvo que "liberar" de sus deudas a Ashmore y Shell con el fisco boliviano porque los contenciosos tributarios no habían llegado a un fallo final en la Corte Suprema de Bolivia.
Un decreto emitido el año pasado reconoce las deudas que según Villegas "no serán asumidas por el Estado, sino por la empresa nacionalizada" que pasó a llamarse YPFB Transporte y cuyo presidente es Angulo.
En lo que va del año, es la segunda denuncia que sacude a la estatal YPFB, la empresa estrella del gobierno de Morales y pilar de la economía de este país cuya principal exportación es gas natural.
A principio de año tuvo que renunciar otro presidente de YPFB, Santos Ramírez, por un escándalo de corrupción. Ramírez, hombre muy allegado a Morales, está detenido en un penal a la espera de un juicio por cargos de aceptar sobornos.
Desde la nacionalización de los hidrocarburos YPFB ha tenido cinco presidentes en tres años.
La nacionalización consistió en la renegociación de contratos con una docena de petroleras que pasaron a convertirse en operadoras de YPFB. El estado boliviano aumentó sustancialmente sus ingresos por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina aunque las inversiones extranjeras se han visto mermadas.
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