"He ordenado a las autoridades del Gobierno que, bajo estricto apego al derecho, busquen la terminación unilateral de contratos que (...) tengan relación con mi hermano Fabricio Correa", declaró el mandatario en una rueda de prensa.
Fabricio Correa es dueño de varias empresas y dos consorcios domiciliados en Panamá, que suscribieron contratos públicos por valor de 80 millones de dólares bajo el actual Gobierno, según reveló el diario Expreso.
Los organismos de control y el Congreso, dominado por el oficialismo, abrieron sendas investigaciones para determinar si Fabricio Correa incurrió en tráfico de influencias o alguna otra irregularidad para obtener la concesión de las obras en sectores como el petrolero.
Si bien no se ha determinado ninguna ilegalidad en el proceso de contratación, la vinculación del hermano del presidente "afecta gravemente la fe pública" y el espíritu de una ley expedida por el Gobierno que prohíbe la concesión de obras a los familiares del mandatario, reconoció Correa.
Asimismo, admitió las dificultades legales para anular los contratos por cuanto todavía no se ha demostrado ninguna irregularidad y, en cambio, darían pie a millonarias demandas contra el Estado.
"Por eso, he solicitado (...) una veeduría ciudadana, incluyendo si es posible al periodista que hizo la investigación del caso, para que no queden dudas de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para la anticipada y unilateral terminación de los referidos contratos", añadió.
Correa también reconoció que la situación "le resulta tremendamente dolorosa", pero indicó que, por encima del costo personal, sabrá "cumplir con el pueblo ecuatoriano".
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