Con 50 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, el legislativo aprobó el pedido del presidente Rafael Correa para denunciar (dar por terminado) el convenio por el que Ecuador aceptaba arbitrajes en caso de controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial con sede en Washington.
En esa órgano se ventilan reclamos de empresas transnacionales en contra del Ecuador que "superarían los 13.000 millones de dólares, lo cual significaría un grave perjuicio para el país", indicó un comunicado de la legislatura.
"Este procedimiento, previsto en el derecho internacional, produce como efecto la separación del Estado denunciante del respectivo tratado o convenio, del cual era parte", señaló.
Según establece el convenio del Ciadi, en el artículo 71, "todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo".
"La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación", añadió.
El vicepresidente del legislativo, César Rodríguez, precisó que esperan que a través de la cancillería se realice la notificación oficial "la próxima semana".
En entrevista con la AP, Rodríguez explicó que las causas que actualmente se ventilan en el Ciadi siguen adelante, se "mantendrían en el marco del tratado por estar antes del tiempo de la denuncia, hay un procesamiento que no se interrumpiría".
Actualmente, en el Ciadi se procesan casos contra Ecuador por parte de petroleras como las estadounidense Occidental, Texaco, Burlington, la francesa Perenco, la argentina CGC y la española, Repsol.
El presidente Correa, que se autodefine como un "cristiano de izquierda" y está en el poder desde enero del 2007, ha cuestionado reiteradamente la competencia del Ciadi por considerar que en la mayoría de los casos no favorecen al país sino a compañías extranjeras.
Por ello, Correa solicitó recientemente al legislativo denunciar el convenio "por cuanto violenta la prohibición prescrita" en la Constitución en el artículo 422.
Ese norma señala que "no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas".
La Constitución que rige desde octubre fue redactada por una Asamblea Constituyente, de mayoría oficialista, y aprobada en referendo en septiembre por abrumadora mayoría.
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