Estas son las principales novedades incluidas en las reglas que ha elaborado Bruselas sobre las ayudas que pueden conceder los Estados para la reestructuración de los bancos. "Puede que la crisis financiera aún no haya terminado, pero es necesario empezar a trabajar seriamente con los Estados miembros para reestructurar los bancos europeos", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en un comunicado.
Las nuevas reglas, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010, flexibilizan el marco normativo de la UE sobre ayudas a la reestructuración para que este proceso no amenace la estabilidad financiera y agrave la crisis.
"Tienen en cuenta la situación de gran fragilidad en la que todavía se encuentran los mercados financieros en Europa (...) Las reestructuraciones que se lleven a cabo en el sector bancario no deben poner en peligro el proceso de vuelta a la estabilidad financiera", explicó el director general de Competencia, Philip Lowe.
Por este motivo se amplía a cinco años el plazo que tendrán los bancos para completar su reestructuración, en lugar de los dos o tres años en la actualidad.
De este modo, se da más tiempo a las entidades para reducir su tamaño, y se evita un nuevo hundimiento de los mercados por la venta masiva y "precipitada" de activos. Este plazo puede ampliarse todavía más si se demuestra que no hay compradores para los activos, aunque en este caso Bruselas impondrá más restricciones a la actuación del banco.
Además, la contribución de la propia entidad a los costes de su reestructuración podrá ser inferior al 50% que marcan las reglas actuales. Se trata de tener en cuenta "las dificultades para acceder al capital privado en el actual contexto".
Finalmente, la Comisión anunció que, teniendo en cuenta "la incertidumbre sobre las perspectivas de recuperación", no aplicará a los bancos la regla denominada 'one time, last time'. Este principio prohíbe ayudas públicas adicionales a las empresas que ya han recibido subvenciones para reestructurarse.
Los planes de reestructuración que los Estados miembros presenten a Bruselas deberán incluir un test de estrés de las entidades afectadas que demuestre que podrían resistir incluso en el peor escenario económico y que tienen garantizada la viabilidad a largo plazo. Lowe no se mostró favorable a que los resultados de estos tests se hagan públicos.
Si el banco recibe una gran cantidad de ayudas públicas, para limitar las distorsiones de competencia deberá deshacerse de parte de sus activos. Ello no significa que deba replegarse en su mercado nacional, explicó Lowe, sino en sus negocios más rentables.
Cuando las desinversiones no sean posibles por las condiciones del mercado, o incluso como condición adicional a la venta de activos, se impondrá a los bancos una serie de limitaciones al uso que hacen de las ayudas públicas. No podrán dedicar estos fondos a ofrecer a sus clientes hipotecas con tipos de interés más bajos que sus rivales o cuentas mejor remuneradas, por ejemplo.
Además, los bancos no podrán utilizar las ayudas de Estado para adquirir a entidades rivales durante al menos tres años, excepto en condiciones excepcionales y con autorización previa de Bruselas. El Ejecutivo comunitario dice también que los bancos que reciban fondos públicos no deben pagar dividendos a sus accionistas.
El director general de Competencia admitió que hasta ahora los Gobiernos europeos se han resistido a liquidar a los bancos sin perspectivas de viabilidad pero dijo que en el futuro esta resistencia debe vencerse porque de lo contrario "entraremos en una situación permanente de apoyo público implícito para cualquier banco, y esto sólo puede disminuir los incentivos para la competencia en el mercado".
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