La decisión se oficializó con un decreto firmado por el presidente Rafael Correa y deberá notificarse a través de cancillería al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial con sede en Washington.
La postura ecuatoriana se basa en la Constitución que rige desde octubre, la cual menciona que "no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción... a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas".
El presidente decretó "denunciar y por lo tanto declarar terminado el convenio" que fue suscrito en enero de 1986 y ratificado en abril del 2001.
Según cálculos de las autoridades, en el Ciadi se ventilan reclamos de empresas transnacionales en contra del Ecuador que "superarían los 13.000 millones de dólares, lo cual significaría un grave perjuicio para el país", según sostuvo semanas atrás en un comunicado el órgano legislativo ecuatoriano que a mediados de junio aprobó terminar el convenio, un paso previo a la emisión del decreto presidencial.
Según establece el convenio del Ciadi, en el artículo 71, "todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo".
"La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación", añade.
Las causas que actualmente se ventilan en el Ciadi seguirán sin modificación, como el las de las petroleras estadounidense Occidental, Texaco, Burlington, la francesa Perenco, la argentina CGC y la española, Repsol.
Correa ha cuestionado reiteradamente la objetividad del Ciadi por considerar que en la mayoría de los casos favorece a compañías extranjeras.
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