Hasta ahora, sólo un 54% de las facturas presentadas por autónomos y empresas para acogerse a la línea de anticipos del ICO con el fin cobrar las deudas pendientes con los ayuntamientos han sido reconocidas por las entidades locales, mientras que el 46% restante o han sido denegadas o, en algunos casos, se trata de facturas repetidas.
Así pues, el documento de 16 páginas presentado por el Ejecutivo, al que tuvo acceso Europa Press, propone, por ejemplo, la compensación de las deudas y créditos entre empresas y administraciones públicas, en los supuestos en que la administración pública deudora y acreedora sea la misma.
El texto también contempla otras medidas para proveer de liquidez a las empresas, como la reforma "inmediata" de las líneas ICO-Liquidez pymes e ICO-Liquidez Medianas Empresas, así como su extensión durante 2010 y la previsión de revisar el funcionamiento de todas las líneas ICO el próximo año.
Asimismo, el Gobierno prevé reducir en 5 puntos el Impuesto sobre Sociedades durante tres años para pymes con menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los 5 millones de euros que mantengan o amplíen su plantilla en 2009 y 2010, así como una aceleración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) con la puesta en marcha de fórmulas de colaboración público-privada.
El Gobierno asegura que la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales de las empresas en medio punto, "al no afectar a la financiación de las contingencias comunes, no incide en la sostenibilidad del sistema público de pensiones" y añade que la rebaja excepcional de 2010, de hasta 1,5 puntos, se "compensará mediante los instrumentos oportunos con la finalidad de evitar cualquier déficit" en la Seguridad Social.
Este tono cauto del Gobierno ya se deja ver en la exposición de motivos del documento, en el que pide el concurso de toda la sociedad para salir de la crisis tras indicar que "a pesar de que en los últimos meses se está desacelerando la caída de la actividad y el empleo, el escenario macroeconómico del Gobierno indica que aún quedan por delante trimestres muy negativos, lo que implica que la tasa de paro en 2010 puede seguir aumentando".
"La crisis puede ser todavía duradera", apostilla.
Es por ello, que el Gobierno mantiene su propuesta de proteger a los parados que agoten el periodo de prestaciones y se encuentren en situación económica de necesidad, a través de un 'Programa Temporal de Inserción', vinculado a un itinerario de formación. No obstante, el Gobierno no prevé más gasto que el de una prestación de 420 euros durante seis meses, en lugar de un año como piden los sindicatos.
En todo caso, matiza que, teniendo en cuenta la evolución de los indicadores de actividad económica y empleo, y mediante acuerdo a adoptar en abril de 2010, el programa se podrá prorrogar otros seis meses para dirigirlo a nuevos destinatarios de la prestación.
Por otro lado, en materia de absentismo laboral, el borrador prevé convenios para mejorar la comunicación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas y entre la institución y las comunidades autónomas para hacer un seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes, así como programas piloto de control de gasto para aquellas empresas que acrediten una tasa de absentismo superior a la media.
En cuanto a las empresas de trabajo temporal (ETT), el borrador circunscribe posibles modificaciones, en un plazo de cuatro meses, en el marco de las transposición de la Directiva europea correspondiente. Además, elaborará en un plazo de tres meses una propuesta para "revisar" las restricciones impuestas a estas empresas por razones de seguridad y salud en el trabajo y en relación a la Administración.
En el capítulo de negociación colectiva, el documento contempla que su reforma para adaptarla a los nuevos retos del mercado de trabajo debe correr a cargo de los interlocutores sociales y, en este caso, no contempla plazos. Otros aspectos se refieren a mayores esfuerzos en la lucha contra la siniestralidad laboral o la revisión del funcionamiento de los aspectos laborales de la Ley Concursal.
Por otro lado, el Gobierno hace referencia al proyecto de Ley de Economía Sostenible, que prevé presentar antes del 30 de septiembre, y especialmente al fondo que movilice hacia el sector privado 20.000 millones de euros (10.000 millones aportados a través del ICO y otros 10.000 millones por las entidades financieras).
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