El recurso fue planteado por el diputado Paulo Bornhausen, vicepresidente del DEM, para que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) analice la legalidad y viabilidad económica del acuerdo ante sospechas de que pueda tener un impacto sobre el bolsillo de los consumidores o sobre el erario público brasileño.
"El acuerdo realizado el sábado garantiza beneficios económicos para Paraguay ya que, sin ninguna explicación plausible, Brasil prácticamente triplicó el monto que paga al vecino por la energía eléctrica", señaló Bornhausen en el recurso que presentó al TCU.
Su acción anticipa las posibles dificultades que enfrentará el gobierno brasileño cuando intente obtener aprobación del Congreso al pacto firmado por los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Paraguay, Fernando Lugo.
"Es imprescindible examinar los criterios de los que se valieron las autoridades brasileñas para, en detrimento del patrimonio público brasileño, fácilmente accedieran a las rígidas exigencias paraguayas", agregó el diputado opositor.
El lunes, el canciller Celso Amorim se mostró confiado en que el congreso brasileño dará su aval al acuerdo con Paraguay.
El acuerdo aumentará de 120 millones a 360 millones de dólares su ingreso anual por la porción de la energía de Itaipú que cede a su socio en la hidroeléctrica.
"Creo que el Congreso brasileño, frente a una situación realmente importante como esa, va a saber abordar los puntos relevantes y va a saber opinar con la libertad que disfruta, pero también con la conciencia que los congresistas tienen", declaró Amorim, citado por el servicio noticioso estatal Agencia Brasil.
El ministro agregó que se trata de "un acuerdo justo y equilibrado" que tendrá beneficios para los dos países.
Igualmente, el presidente Lugo elogió en Asunción el martes a su colega brasileño por la firma del acuerdo, durante un acto con funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
"No hubo vencedores ni vencidos, pero sí fue vencida la inequidad que regía en el contrato", dijo Lugo, antes de partir hacia el Congreso para entregar copia del convenio con Lula al titular del cuerpo legislativo, senador Miguel Carrizosa.
La energía generada por la enorme represa binacional es repartida por partes iguales entre los dos países socios, pero Paraguay utiliza solo 10% de su cuota y vende el resto a Brasil.
El presidente Lugo se ha quejado de que, en esa venta, su país recibe menos de lo que obtendría si vendiera esa energía en el mercado abierto, por lo que exigió una mayor compensación.
Sin embargo, el acuerdo del sábado despertó críticas entre congresistas y economistas que consideraron que Brasil tendrá que hacerle frente a ese costo adicional para ayudar a Paraguay.
Aún así, Lula consideró que el pacto es positivo para Brasil porque se trata de "subir un peldaño en la relación con Paraguay".
La víspera, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, aseguró que el aumento en los ingresos paraguayos vaya a implicar un ajuste en las tarifas que pagan los consumidores, ni prologará el pago de la deuda por la construcción de la planta, que deberá ser cancelada en 2003.
Indicó que el gobierno brasileño estudia mecanismos para cumplir el acuerdo, que incluye también la construcción de obras de infraestructura en Paraguay, incluyendo una línea de transmisión de Itaipú a la capital Asunción.
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