El auto de declaración de concurso, emitido el titular de este juzgado, Alfredo Elías Mondeja, indica, que pese a que la inmobiliaria contaba con un patrimonio neto de 268 millones de euros en enero de 2008, cerró este pasado ejercicio con una pérdida de 106 millones de euros.
Por todo ello, el juez acepta la solicitud de concurso que la inmobiliaria presentó el pasado 21 de julio ante "la imposibilidad de alcanzar una propuesta de convenio anticipado" con sus alrededor de 2.000 acreedores, con los que negociaba desde hace meses.
Según la memoria incluida en el auto, aportada por la empresa, cuyo administrador único es Jesús Ruiz Casado, procesado en el caso 'Malaya', el activo principal lo componen 51 suelos urbanos, 14 promociones en curso y 3.115 contratos de venta firmados, de los que 860 viviendas son producto terminado, y 346 viviendas libres. La plantilla se redujo de 2.210 empleados en enero de 2007 a 610 el pasado mes de junio.
Asimismo, la empresa tiene 891 reclamaciones judiciales, una deuda con la Agencia Tributaria de 42,5 millones de euros y otra con la Seguridad Social de 1,4 millones de euros. No obstante, también revela que tiene pendiente de ingresar a las administraciones públicas deuda tributaria por importe de 56 millones de euros, correspondiente a liquidaciones de impuestos de 2002 a 2008.
De igual forma, se señala que la sociedad tiene suspendidas las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas por parte de la Agencia Tributaria por una orden del magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde se instruye el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí y se añade que "podrían surgir pasivos adicionales".
Además, el informe precisa que existen créditos "retenidos" y fondos depositados en bancos que resultan "indisponibles", señalando que las deudas a largo plazo con entidades de crédito y las deudas a corto plazo eran de 602,1 y 167,3 millones de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio, aunque no poseen todos los datos sobre el endeudamiento con los bancos.
"Los problemas de liquidez han ocasionado el impago de deudas de importe significativo a las administraciones públicas, proveedores, así como a las entidades financieras.
Este último caso ha supuesto a la vez la paralización de las promociones de viviendas que financiaban y el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los compradores", resume la mercantil en los documentos remitidos al juzgado, incluidos en el auto.
Por otro lado, la empresa también alega en su solicitud de concurso que existían causas externas, como son "el deterioro progresivo de la actividad, la insuficiencia de capital circulante y la necesidad de financiarse a corto plazo".
En este punto, Aifos indica que, ante la inestabilidad del mercado y las crisis soportadas por algunas empresas, "las entidades financieras se han vuelto cautelosas" y exigen a las inmobiliarias tener prevendido más de un 30% de un inmueble para financiarlo.
Por tratarse de un concurso voluntario, Aifos conservará las facultades de administración sobre su patrimonio, si bien tendrá que dar cuenta a la administración concursal nombrada por el juez, y que conformarán dos expertos pertenecientes a una conocida consultora y un representante de la AEAT. De su lado, los acreedores contarán con un mes desde la publicación del concurso para comunicar sus créditos.
Asimismo, el juez establece que la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor". De hecho, el auto recuerda que este procedimiento judicial busca evitar el cierre y mantener la estabilidad en el empleo.
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