Eso es al menos lo que baraja el Ministerio de Trabajo aunque, según explicó hoy el director general de Trabajo Autónomo, Juan José Barrera, en un encuentro con la prensa, la propuesta no está todavía cerrada y podría sufrir algunas modificaciones.
El sistema que plantea Trabajo para que los autónomos puedan acceder al cobro del paro, lo que no será posible hasta el año 2011, es semi-obligatorio, ya que el colectivo no podrá tener prestación si no cotiza al mismo tiempo por accidente laboral, contingencia que ahora mismo es voluntaria salvo en el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) y que en el futuro también será obligatoria para los autónomos que trabajan en actividades de riesgo.
En otras palabras, ambas cotizaciones, la del paro y la de contingencias profesionales, serán indisolubles, de forma que si un autónomo no quisiera pagar por alguna de ellas dejaría de pagar por las dos, y quien quisiera cotizar por una tendría que cotizar también por la otra.
De esta forma, Trabajo espera que el hecho de vincular el cobro del paro al pago de contingencias profesionales genere un "efecto llamada" que eleve el número de autónomos que actualmente cotizan por accidente laboral (unos 363.000, incluyendo a 3.240 TRADES) y, al mismo tiempo, ayude a mantener el sistema de protección por desempleo de los trabajadores autónomos.
De hecho, el sistema se nutrirá de las cuotas que paguen los autónomos (es decir, que será contributivo, al igual que lo es el sistema de la Seguridad Social) y éstas tendrán que ser suficientes para financiarlo.
El tipo de cotización inicial que deberán pagar los autónomos que quieran cobrar el paro será inferior al 3% y será adicional al que ya pagan quienes cotizan por accidente laboral. "Partimos de esa base para arrancar el sistema.
Añadiendo una cotización adicional (a la de contingencias profesionales) los autónomos estarían cubiertos ante dos contingencias: accidente laboral y enfermedad profesional y el cese de actividad", explicó Barrera, que añadió que el tipo podría variar en función de cómo vaya evolucionando el sistema.
El importe de la llamada prestación por cese de actividad que se baraja en Trabajo será equivalente al 70% de la base de cotización del autónomo (unos 682 euros si se tiene en cuenta que la base de cotización media de los autónomos que pagan por contingencias profesionales es de 974 euros).
La duración de la prestación estará en función del tiempo cotizado, de manera que los que hayan cotizado de 12 a 17 meses tendrán derecho a dos meses de paro; los que hayan cotizado entre 18 y 23 meses cobrarán tres meses de prestación; los de 24 a 29 meses de cotización tendrán cuatro meses de paro; los de 30 a 35 meses cotizados percibirán la ayuda durante cinco meses y los de 36 meses o más de cotización cobrarán durante el máximo fijado, esto es, seis meses.
No obstante, los trabajadores autónomos mayores de 60 años recibirán un tratamiento especial, de forma que podrán cobrar la prestación durante más tiempo, aunque todavía está por definir cuánto.
Barrera explicó que el sistema que está perfilando Trabajo mantiene la relación cotización/prestación planteada por los expertos en el informe que les fue encargado al respecto pese a que algunas organizaciones de autónomos habían pedido que la ayuda pudiera cobrarse durante más tiempo.
En este sentido, precisó que, en vez de modificar este punto, lo que hará el Ministerio es proponer un tipo de cotización más bajo del recomendado por los expertos (3,15%) y aunque no quiso precisar cual será, sí dijo que estará por debajo del 3%.
De momento, el Departamento que dirige Celestino Corbacho está estudiando dos alternativas para gestionar el sistema de protección por desempleo para los autónomos: o bien que se hagan cargo de él las mutuas de accidente -pues son ellas en gran medida las que están gestionando a los autónomos las contingencias profesionales- o que la tarea recaiga sobre el Inem.
En caso de que se optara por este organismo, Barrera precisó que se trataría de un sistema independiente y totalmente separado del sistema de protección por desempleo de los trabajadores asalariados.
El Ministerio de Trabajo confía en que en "breves días" su propuesta oficial sobre la prestación por cese de actividad de los autónomos pueda estar cerrada para llevarla a la mesa de diálogo social este mismo mes. El objetivo, dijo, es cerrar un acuerdo con las organizaciones de autónomos y agentes sociales en septiembre, para que el proyecto de ley sobre esta prestación pueda aprobarse en Consejo de Ministros hacia septiembre o octubre.
Después del trámite parlamentario correspondiente, que podría hacerse por vía de urgencia si llega a la Cámara con el apoyo social y de los autónomos, el sistema empezaría a funcionar en los primeros meses de 2010, aunque los autónomos no tendrían derecho a prestación hasta 2011, pues antes deben generar el derecho (12 meses de cotización mínimo).
Además del diseño del paro de los autónomos, Trabajo está elaborando un Real-Decreto que, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto del Trabajo Autónomo, medirá la representatividad de un colectivo compuesto por más de tres millones de trabajadores y en el que muchas organizaciones se arrogan el papel de representantes de los autónomos.
El Ministerio suele negociar con ATA, UPTA (vinculada a UGT), y CEAT (perteneciente a CEOE y Cepyme), lo que ha provocado el malestar en otras organizaciones que se dicen representativas. El Real-Decreto que prepara Trabajo arrojará luz a esta cuestión, fijando una serie de criterios que medirán la representatividad: tener presencia a nivel estatal; tener una infraestructura mínima, con sedes en comunidades autónomas; y que realicen actividades para el colectivo (jornadas, estudios, acuerdos con entidades, etc.).
Una vez aprobado el texto, un consejo compuesto por cinco funcionarios decidirá la representatividad, que se medirá cada cuatro años.
El Real-Decreto que ya está listo y que se ha enviado ya al Consejo de Estado es el que desarrolla parte del llamado plan de rescate de los trabajadores autónomos. Una de las medidas contenidas en el mismo es la de incrementar del 60% al 80% la parte de la prestación por desempleo dedicada a inversión que se capitaliza para montar un negocio, medida de la que se beneficiarán los jóvenes de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35 años (el resto de los parados se mantendrá en el 60%).
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