El paro, que impedirá la comercialización de granos y ganado vacuno, es en rechazo a la decisión de Fernández de vetar el artículo de una ley que suspendía el cobro de impuestos a las exportaciones de granos a productores afectados por una histórica sequía.
Se trata del séptimo paro agropecuario desde la asunción de Fernández en diciembre de 2007, el más fuerte de ellos a mediados del año pasado con una serie de huelgas y bloqueos de carreteras que durante cuatro meses paralizaron el país y afectaron el abastecimiento de alimentos.
Por entonces, los agricultores se opusieron a un intento del gobierno de imponer un esquema tributario que ataba las retenciones al precio internacional de los granos y que finalmente fue bloqueado en el congreso nacional.
"Queremos volver a llamar la atención del gobierno de que está haciendo las cosas mal", dijo Pedro Apaolaza, titular de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), una de las entidades que convocaron a la protesta.
Aunque no se registraban cortes de ruta como en otras oportunidades, a la vera de decenas de ellas se producían concentraciones de ruralistas repartiendo volantes a los automovilistas explicando las razones de la medida, tal como ocurría cerca de las ciudades de Olavarría, Lincoln, Rufino, Ameghino y Charata, entre varias otras.
"Estamos a más 1.000 kilómetros de Buenos Aires, peleando por la vida en los pueblos del interior, en los lugares que eligieron para vivir nuestros abuelos, y que no queremos abandonar", dijo en Charata el presidente de la Federación Agraria Argentina), Eduardo Buzzi, quien eligió esa ciudad para permanecer en el inicio de la medida de fuerza.
La decisión de ir al paro se anunció horas después de que la presidenta vetara un artículo de la ley de emergencia agropecuaria nacional sancionada la semana pasada por el Congreso en el marco de una histórica sequía que afecta desde hace meses a distintas provincias del país.
El artículo eximía del pago de retenciones (impuestos a las exportaciones de granos) por 180 días a productores de 22 localidades de la provincia de Buenos Aires. El gobierno argumentó que la norma se aprobó por error y que en los hechos no implica ningún beneficio puesto que la producción no está gravada con derechos de exportación.
Los productores reclaman desde hace meses una baja en los derechos de exportación de granos, especialmente soja, bajo la excusa de que el sector está en ruinas a causa de la crisis global que impactó en el precio de materias primas, a la peor sequía en décadas y a las medidas gubernamentales.
Voceros del sector dijeron que el paro no afectaría el abastecimiento de alimentos, porque los frigoríficos y molinos tienen suficiente mercadería en sus bodegas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario