El tratado es aplicable a todas las víctimas de esta nueva forma de esclavitud (mujeres, hombres y niños) y a todos los tipos de explotación (sexual, laboral, servidumbre y extracción de órganos).
Entre estas medidas, destacan la asistencia médica y psicológica a las víctimas, protección de la vida privada y de la seguridad de éstas y la tipificación de la trata de seres humanos como delito.
También se establece la obligación de los países a expedir a las víctimas un permiso de residencia renovable cuando su situación personal lo exija o cuando las autoridades requieran de su presencia para cooperar.
La ratificación del convenio por parte de España implica que en el futuro el Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) -un organismo del Consejo de Europa integrado por profesionales independientes- controlará el cumplimiento de las medidas previstas en el texto.
La trata de seres humanos, realizada mayoritariamente por redes internacionales de crimen organizado, es considerada una forma moderna de esclavitud y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que más de 2,45 millones de personas la sufren cada año.
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