Tras el golpe de Estado, que depuso al presidente Manuel Zelaya e instaló un gobierno de facto encabezado por Roberto Mecheletti, "se ha producido una baja muy fuerte en la demanda de nuestros bienes y servicios", dijo el presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria, Enrique Núñez.
Según el dirigente del sector, esta contracción ha obligado a las empresas a reducir "drásticamente" la mano de obra que contrata, provocando un problema muy grave de desempleo en todo el país.
"Según las estimaciones que han hecho diferentes organismos, en el país hay unas 230.000 mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), pero de éstas el 95% son microempresas", que la ley define como aquéllas que tienen entre 1 y 15 empleados.
"Muchas de estas empresas han despedido hasta el 50% del personal, porque simplemente no hay a quien venderle", aseguró Núñez.
Esta visión coincide con la del dirigente de los pequeños empresarios de Tegucigalpa, Carlos Uclés, quien dijo que el ánimo de los productores de este sector "está por lo suelos" debido a las dificultades, que se han multiplicado tras el golpe de Estado.
"Siempre hemos tenido problemas, enormes dificultades para poder trabajar, pero ahora hay una recesión terrible, nuestros productos no se mueven y no contamos con ningún financiamiento", lamentó Uclés.
Núñez dijo que tras el golpe de Estado se paralizaron los programas que el gobierno del presidente Manuel Zelaya había impulsado para ayudar a las pequeñas industrias, "que eran muy importantes porque teníamos ya políticas para el sector, por primera vez en Honduras".
Una de esos programas consistía en destinar 2.000 millones de lempiras, unos 105 millones de dólares, para otorgar créditos a los micro y pequeños empresarios en condiciones muy favorables, incluidos intereses del 7% anual.
Los recursos se hallaban ya en poder de los bancos, sin embargo no se han empezado a otorgar los créditos -según Núñez- porque al sector financiero le interesa más colocar el dinero en créditos a otros sectores, que pagan el 26% de intereses.
La ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, aseguró a la prensa que los recursos ya están disponibles y que se empezarán a otorgar los créditos a aquellas pequeñas empresas que realmente los necesiten y que cumplan con los requisitos.
Sin embargo, los dirigentes del sector desconfían de la promesa y están casi seguros de que los recursos se emplearán en dar crédito a las grandes empresas o en atender otras necesidades.
Enrique Núñez dijo también que el gobierno del presidente Manuel Zelaya había impulsado una reforma a la Ley de Mipymes que era de gran conveniencia para el sector y que ahora se encuentra paralizado en el actual Congreso, controlado por las autoridades de facto.
Además, al sector de Mipymes le preocupa el rechazo de la comunidad internacional al gobierno de facto, pues ello incide en las posibilidades del sector de economía social de obtener recursos de la cooperación externa.
"Nuestra posición es que se debe restituir al presidente Manuel Zelaya, porque si la comunidad internacional no reconoce al presidente, no habrá cooperación extranjera y eso a los que afecta es a los pequeños, no a los grandes que trabajan con sus propios recursos y los de los bancos", argumentó Nuñez.
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