El miembro de la delegación argentina experto en Derecho Internacional, Philippe Sands, indicó durante la primera audiencia pública del contencioso que "las características particulares" del río Uruguay no aguantan los "niveles de contaminación" generados por Botnia.
Según Buenos Aires, Uruguay "no ha tenido en cuenta" esas circunstancias, por lo que "no ha cumplido con su obligación de cuidar el medioambiente del río".
Explicó que Montevideo no ha contemplado en sus estudios características como los flujos circulares de las corrientes del río o los niveles de contaminación presentes en sus aguas.
La actividad de Botnia, en funcionamiento desde noviembre de 2007, ya ha aumentado los niveles de toxinas de las aguas fluviales, según Argentina.
Sostuvo además que la actividad de la planta y el uso de blanqueadores industriales afecta al "crecimiento de las plantas y a la reproducción de los animales".
Argentina también acusó a Uruguay de no analizar los flujos del viento entre los dos países y de faltar a la verdad al afirmar que los malos olores y la contaminación en el aire se limitarían a la zona uruguaya del río.
Según Sands, controles actuales han demostrado que el viento sopla en más de un 72 por ciento de las veces desde Botnia hacia tierras argentinas.
La consejera legal del Ministerio argentino de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, comentó en declaraciones a la prensa al final de la audiencia que "estamos demostrando que los estudios que ha hecho Uruguay son incompletos".
Añadió que "la contaminación de la celulosa se transporta por el río hasta el mar" y criticó que ese aspecto también haya sido ignorado por Montevideo en sus informes.
Cerutti consideró además que la papelera Botnia causará un daño "irreparable" en el río Uruguay y en todo su ecosistema.
Indicó que la celulosa "no solamente implica un riesgo de contaminación, sino que sabemos que es contaminante".
Denunció que la población que vive en la ribera argentina del río "ya ha notificado daños serios" a causa de la planta para su salud, para los animales y para la calidad del medioambiente.
Cerutti aseguró que el olor que desprende la celulosa es parecido al de los "huevos podridos", lo cual también tiene consecuencias para la salud de la población.
La experta argentina recordó que los jueces de la CIJ pueden ordenar al final de las audiencias "el cierre o la destrucción de la planta", a pesar de que ésta ya se encuentra en pleno funcionamiento.
La delegación de Buenos Aires intentó simplificar ante los jueces la base legal de su denuncia, aduciendo que Montevideo "violó flagrantemente el Estatuto del río Uruguay", que regula el uso compartido de sus aguas por Argentina y su país vecino.
Argentina mantuvo que, de acuerdo con ese Estatuto de 1975, Uruguay tendría que haberles consultado antes de conceder "unilateralmente" permiso para la construcción de la celulosa en su ribera del río.
"Este caso parece muy complicado porque hemos traído numerosos informes científicos sobre los efectos contaminantes de la celulosa, pero no lo es", dijo Cerutti.
Para prevenir posibles contagios de gripe N1H1 durante las audiencias, la CIJ ha introducido medidas de ventilación e higiene especiales para la ocasión.
Argentina expondrá hasta el próximo jueves sus argumentos en contra de la construcción de la celulosa.
El conflicto sobre las papeleras en la CIJ comenzó en mayo de 2006, con el argumento de que Montevideo violó el tratado del río Uruguay cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera.
En principio estaba planeada la ubicación de una plantas de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Punta Pereira (Uruguay) para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.
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