Esta desorientación legal crece entre la población extranjera que reside en España, ya que un 63% asegura que no sabría qué hacer ante un problema legal concreto.
El estudio pone de manifiesto que entre el 70% y el 80% de la población, en función del tipo de problema vivido, muestra preocupación por sus derechos cuando cree que están siendo vulnerados y entre el 20%, y el 30% reconoce que no hace nada.
Los principales problemas que preocupan a los españoles son los relacionados con el consumo, con el 53%, la vivienda (27,6%), los conflictos laborales (23,2%), y los automóviles (22,3%).
"Llama la atención la confianza que tienen los españoles en el sistema, ya que esperan resolver un conflicto acudiendo o a una de las partes implicadas o a las instituciones públicas y organizaciones sociales", explica la directora del informe, Montserrat Martínez.
Sin embargo, Martínez considera que esta confianza se basa en una "presunción de objetividad y en que se otorga una competencia que a veces no existe, ya que no siempre su función es defender los intereses particulares de una persona".
El 56,3% asegura que se dirigiría a un abogado para resolver su problema, el 30% recurriría a organizaciones públicas, como sindicatos, ayuntamientos u organizaciones de consumidores, y el 17,6% a servicios profesionales como asesorías, gestorías, etc.
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