El texto, pactado con PSOE y PP, con este objetivo "impulsar" las modificaciones normativas necesarias en la normativa europea y española para que las "empresas extractivas cotizadas en bolsa informen" acerca de los pagos y los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales.
Con este objeto, se configurará un grupo de trabajo con las partes interesadas, esto es administración, empresas y sociedad civil, en el que se intercambiarán visiones y estrategias para determinar las prácticas a seguir que favorezcan la transparencia.
El portavoz de Cooperación para el Desarrollo de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, destacó la "paradoja" que supone que la actividad extractiva se concentra en países en vías de desarrollo "ricos en recursos naturales que, sin embargo, continúan siendo los países más empobrecidos y con menores niveles de desarrollo humano y con más desigualdades".
La iniciativa reclama la colaboración activa de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente, Rural y Marino para reforzar el marco de coherencia de políticas para el desarrollo.
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