En un comunicado, Llamazares destacó que fue precisamente la agencia Moody's la que ayer, coincidiendo con la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso para explicar la actual situación económica, dio a conocer que mantiene a la deuda española entre las más solventes del mundo.
Según datos del Gobierno, en 2009, los pagos que realizará España a Moody's ascenderán a 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión de divisas (con un máximo anual de 175.000 euros) y sin que se pueda superar, en ningún caso, el tope de 250.000 euros.
Por su parte, los emolumentos de la agencia S&P por calificar la deuda española ascienden a un montante fijo de 280.000 euros anuales, independientemente de las emisiones que se realicen.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha venido contratando los servicios de estas dos agencias de calificación, dado que muchos inversores internacionales requieren que la deuda pública española tenga una calificación mínima de una o dos agencias para poder adquirirla.
El Gobierno considera que este requisito es especialmente importante en las emisiones de divisas, al tiempo que destaca que, además de la deuda del Estado, la calificación que hacen estas agencias se extiende a todos los activos que se puedan beneficiar del aval o garantía del Estado.
Moody's afirmó ayer que no prevé rebajar en un futuro próximo el 'rating' de la deuda pública de los países con la máxima nota crediticia ('Aaa'), entre los que se encuentra España, de la que la calificadora destaca que ha demostrado ser más "resistente" de lo previsto, por lo que abandona la categoría 'vulnerable'.
"No esperamos rebajas en un futuro próximo para aquellos países calificados con 'triple A' --EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia y España-- especialmente tras la reciente rebaja de Irlanda, el más vulnerable entre los países con la máxima nota", señaló en un informe el director general del grupo de riesgo soberano de Moody's, Pierre Cailleteau.
"España, el otro emisor 'Aaa' 'vulnerable', conserva por ahora una distancia segura hasta la línea de demarcación 'Aaa-Aa', principalmente porque no es probable que el crecimiento potencial sea tan bajo como se espera y porque el balance del Estado era comparativamente sólido al iniciarse la crisis", añadió.
En cambio, S&P modificó este año la calificación a largo plazo de España, rebajando un escalón el rating ('AA+' con perspectiva estable) debido a las condiciones económicas y financieras de mercado, que "han destacado debilidades estructurales en la economía española que son inconsistentes con una posición de 'AAA'", considerada la mejor calificación crediticia.
Según S&P, el recorte del rating refleja las expectativas de que las finanzas públicas sufrirán, en sintonía con el previsto descenso de las perspectivas de crecimiento de España. Por ello, considera que España debe actuar con mayor responsabilidad en sus políticas fiscal y macroeconómicas para reducir el "insostenible" déficit exterior, cercano al 10% del PIB.
El papel que han jugado las agencias de calificación en el estallido hace dos años de la crisis financiera internacional, al no advertir de las prácticas opacas de algunas entidades y activos financieros, ha motivado que la UE aprobara el pasado mes una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de rating, tras las insuficiencias detectadas a raíz de la crisis financiera.
La nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.
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