La Banca extranjera preocupada por el "no pago" de los nicaragüenses

MANAGUA.- Varias instituciones financieras extranjeras publicaron el miércoles un aviso pago en la prensa local en el que manifestaron su "enorme preocupación" por la situación que enfrentan instituciones crediticias nicaragüenses que facilitaron préstamos un numeroso grupo de clientes que ahora se niegan a pagar.

Entre los firmantes figuran Planis, de Francia; Bank Im Bistum Essen, de Alemania; Oikocredit, de Holanda; CreSud S.p.A. (Microfinanza per il Sud del Mondo), de Italia; BlueOrchard Finance S.A., de Suiza; Developing World Markets, de Estados Unidos, y el Fondo en Moneda Local para Instituciones de Microfinanzas en Latinoamérica y El Caribe, de Costa Rica.

En el aviso, estas entidades expresan que ven "con enorme preocupación el continuo deterioro del clima para las inversiones en el país", a causa de esa acciones" y se refieren a un denominado grupo conocido como "No pago", constituido por del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios del Norte.

Este grupo nicaragüense de micro y pequeños empresarios, considerados morosos, ha amenazado con prender fuego a las sucursales de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp). Desde el 9 de septiembre, 12 sucursales en igual número municipios de las provincias del norte del país se encuentran cerradas y han solicitado protección policial.

Julio Flores, presidente de Asomif, asegura que esta entidad crediticia local y otros bancos tienen préstamos comprometidos por 550 millones de dólares entre unos 500.000 clientes, quienes consideran "onerosos" los intereses del 12 al 18% más gastos operativos, que les cobran.

Los morosos presionan ante la Asamblea Nacional una "Ley moratoria" que suspenda durante 180 días embargos de sus fincas y otros bienes.

Según las entidades financieras extranjeras, los reclamantes "pretenden, mediante medidas de fuerza que alteran el orden público y constitucional, no honrar sus compromisos".

Instaron al gobierno del presidente Daniel Ortega, a la Policía Nacional, y al Poder Judicial "redoblar esfuerzos para resguardar el respeto al ordenamiento jurídico, proveer seguridad a los funcionarios de las instituciones financieras y sus instalaciones".

Reiteran su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo económico del país y solicitan al Estado "garantizar la seguridad jurídica a fin de no poner en riesgo el flujo de financiamiento" para más de un millón de nicaragüenses sujetos de ese tipo de créditos.