miércoles, 23 de septiembre de 2009

La corrupción urbanística arrastra a España al puesto 28 en el ranking de Transparencia Internacional

MADRID.- La corrupción urbanística es la causa de que desde 2004 España haya caído seis puestos en el Índice Global de Percepción de la Corrupción, situándose junto a Qatar y San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano.

Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes. "Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe, que este año se centra en el análisis de esta cuestión dentro del sector privado.

Lizcano explicó que en la corrupción existen dos partes: el sector público y la "contraparte", entendiendo por ésta "la empresa nacional o la empresa supranacional" que acepta u ofrece sobornos.

En este sentido, lamentó que las empresas procedentes de los países desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos, siendo éste un asunto más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico".

No obstante, Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción, puesto que también son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios. Se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales, de los que Lizcano criticó que "vulneran la ley de dependencia" y "socavan el crecimiento económico".

"Todos empezamos a ser conscientes finalmente de que la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo", dijo por su parte el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, cuya organización colabora con TI. Pese al objetivo de las autoridades de restringir los salarios de los directivos de bancos, Garrigues Walker matizó que la intención de pagar comisiones "permanece íntegra y viva".

Garrigues Walker denunció que no se actúe con la suficiente contundencia contra los paraísos fiscales. "¿Cuál es la fuerza invencible que hace que se mantengan los paraísos fiscales?", planteó. En su opinión, la solución pasa por "volver a conceptos de racionalidad" y "regenerar la moral pública y la moral privada".

Por último, el director general de la Fundación, Jesús Sánchez Lambás, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".

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