"La agricultura francesa debe ser un modelo de excelencia, que asegure a los agricultores un ingreso estable y decente, que participe en el desarrollo sostenible, que preserve la diversidad de las producciones en todo el territorio y que garantice a los franceses alimentos sanos", declaró Le Maire ante los agricultores con motivo de una feria organizada en Châlons-en-Champagne (este de Francia).
Pero "este proyecto tropieza hoy con la crisis económica más grave que conoce el sector agrícola en los últimos 30 años", agregó, estimando que hacían falta "respuestas fuertes".
"No podemos hacer más como antes. Necesitamos dar a nuestra agricultura nuevos medios, debemos hacer frente a los desafíos de la exigencia nacional, de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y de la nueva situación internacional", continuó Le Maire.
La política de subvenciones al sector agrícola de los países miembros de la Unión Europea abarca el 45% del presupuesto comunitario para el período 2007-2013, es decir, unos 42.000 millones de euros (60.000 millones de dólares). Francia recibe casi el 25% de esa partida (10.000 millones de euros) y es el país de la UE que más dinero recibe en concepto de subvenciones agrícolas.
En este contexto, el anuncio del gobierno francés de que tiene una lista de 3.000 contribuyentes que posiblemente han defraudado al fisco con cuentas en bancos suizos desató una polémica en Francia y puede asestar un nuevo golpe al secreto bancario helvético.
El ministro del Presupuesto, Eric Woerth, anunció que su equipo logró elaborar una lista de 3.000 contribuyentes con cuentas por valor de unos 3.000 millones de euros (4.300 millones de dólares) en tres bancos suizos, de los que una buena parte corresponden a evasión fiscal.
Los invitó a pasarse por las ventanillas de "regularización" antes del 31 de diciembre para negociar la repatriación de sus haberes a Francia, porque en caso contrario se les aplicaría un control fiscal "con todo rigor".
La dirigente del opositor Partido Socialista (PS), Martine Aubry, replicó acusando al gobierno de emprender "una forma de amnistía" fiscal.
"El gobierno nos dice 'tenemos nombres'. Pues bien, que se ponga en marcha el procedimiento, que sean procesados, que se les grave con impuestos, que se les hagan pagar las penalizaciones y luego que sean llevados ante los tribunales", afirmó Aubry a Radio France-Info.
Woerth le contestó diciendo que "no había amnistía".
"Cuando digo que hay una ventanilla de regularización fiscal, quiero decirles que pagarán el impuesto", afirmó.
Los círculos bancarios suizos se interrogaban sobre el origen y la autenticidad de la lista francesa. "Estamos realmente desconcertados por este anuncio del gobierno francés", reconocía un portavoz de la poderosa Asociación Suiza de Banqueros, resumiendo la confusión que reinaba en la Confederación Helvética.
Mientras los principales establecimientos helvéticos se negaban a comentar el caso, el ministerio de Finanzas suizo se limitaba a informar de que no había recibido una petición de ayuda recíproca administrativa -la vía legal para obtener informaciones protegidas por el secreto bancario- por parte de París.
El ministro francés no quiso entrar en detalles sobre el origen de las informaciones que permitieron elaborar la lista y asegura haberlas obtenido "espontáneamente" de bancos e informadores. Un inmenso 'bluf', sospecha la prensa suiza.
Woerth lo niega, al tiempo que excluye publicar los nombres. "Yo no pongo carteles con listas de nombres en las paredes, no es así como procedemos".
El gobierno francés reveló la existencia de esta lista dos días después de la firma de un acuerdo con Suiza que levanta la protección del secreto bancario. Pero el ministerio suizo de Finanzas niega una relación entre los dos asuntos.
El hallazgo de los servicios fiscales franceses abarca tan sólo una ínfima parte de los fondos depositados por los franceses en los 327 bancos suizos, que ascienden a unos 40.000 millones de euros (57.000 millones de dólares).
Además, el anuncio de Woerth llega cuando aún no han transcurrido dos semanas desde la firma de un acuerdo entre Suiza y Estados Unidos, en virtud del cual el primer banco del país, UBS, revelará los nombres de 4.450 titulares de cuentas sospechosos de haber defraudado al fisco. Este acuerdo ha sido interpretado como un escollo adicional para el secreto bancario que Suiza aceptó flexibilizar en marzo.
Desde entonces, Berna ha multiplicado los acuerdos de doble imposición con sus países socios para ser borrada de la lista gris de paraísos fiscales establecida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
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