En un pleno del Congreso de los Diputados dedicado exclusivamente a la economía, Zapatero no desveló, sin embargo, cómo se llevará a cabo ese incremento de la presión fiscal, limitándose a señalar que no afectará a las rentas del trabajo.
El jefe del Ejecutivo dijo que las medidas concretas se detallarán en el próximo proyecto de ley de presupuestos generales para 2010, "los más austeros de los últimos años", marcados por una reducción del gasto del 4,5% respecto a 2009.
El Gobierno podría suprimir, al menos parcialmente, la devolución de 400 euros en el impuesto sobre la renta (creada en 2008 para todos los declarantes) y aumentar el impuesto sobre las rentas del capital. Las medidas llegarían en un momento de profunda recesión de la economía española, cuando el déficit crece desbocado y el paro (de casi el 18%) es récord en Europa.
Zapatero aseguró que ya ha pasado lo peor de la recesión, "pero ello no significa, en absoluto, que la recuperación ya esté aquí ni que ésta se vaya a culminar con rapidez". "La entidad del daño ya causado es tal que vamos a tardar un tiempo considerable en digerir sus consecuencias", admitió el presidente.
En su réplica, Rajoy criticó firmemente el proyecto de subida de impuestos, que cuantificó en 15.000 millones de euros, por juzgarlo contraproducente para reactivar una economía casi parada y que no muestra signos de recuperación, como en Alemania o Francia.
"Generará más crisis, más desempleo y no solucionará el déficit, porque no hay subida de impuestos capaz de tapar el agujero que ha creado", dijo el jefe de la oposición, que propuso a Zapatero un pacto para "racionalizar el conjunto del gasto público".
Zapatero hizo de la bajada de impuestos y el aumento de prestaciones sociales los ejes de su política económica a su llegada al poder, en el año 2004. Pero la profunda recesión en que está inmerso el país desde finales de 2008, bajo el doble efecto devastador del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional, le han obligado a cambiar de idea.
A ello se añade que el déficit presupuestario se ha desbocado debido a la reducción de ingresos fiscales y las medidas de reactivación para las obras públicas o de apoyo al sector inmobiliario. Este último se situó en los 49.687 millones de euros en los primeros siete meses del año, cinco veces más que un año antes.
El Gobierno prevé un déficit de las cuentas públicas del 9,5% en 2009, es decir, muy por encima del límite del pacto de estabilidad europeo (3% del PIB). España paga con creces la factura social de la crisis: el desempleo ha superado los cuatro millones de parados en el segundo trimestre, con una tasa del 17,9%, cerca del doble de la media europea y que no deja de aumentar.
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