La comisión de Constitución y Justicia votó a favor del proyecto de ley por unanimidad y ahora la propuesta necesita ser aprobada por el Senado antes de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda promulgarla como ley.
El Gobierno brasileño acusa a algunos grupos extranjeros de espionaje industrial, de minar la cultura de los nativos de la zona y de biopiratería, o robo de plantas medicinales con fines farmacéuticos.
Desde hace tiempo que nacionalistas, especialmente en círculos militares y de Inteligencia, han alimentado teorías conspirativas que sostienen que extranjeros planean apoderarse de los grandes recursos naturales de la selva amazónica.
El proyecto de ley limita el tamaño de las propiedades que pueden poseer extranjeros en la Amazonia a 15 módulos, o una media de 1.500 hectáreas. Los ciudadanos no brasileños que sean dueños de porciones de tierra mayores podrán mantenerlas siempre y cuando éstas sean productivas, según la propuesta.
La iniciativa contempla que extranjeros hayan vivido en Brasil durante al menos 10 años antes de que puedan adquirir tierras.
También prohíbe a los foráneos comprar propiedades a menos de 150 kilómetros de la frontera brasileña. Previamente, una comisión gubernamental podía otorgar permisos especiales para áreas fronterizas.
El año pasado el jefe del Ejército brasileño en la Amazonia advirtió que las fronteras brasileñas son vulnerables a incursiones a través de territorios tribales de nativos, donde viven trabajadores humanitarios extranjeros.
Los granjeros de algunas zonas se han quejado de que adquisiciones foráneas han elevado el precio de las tierras.
El diputado José Genoino, que patrocina el proyecto de ley, trató de defender la iniciativa.
"Esta no es una medida xenofóbica", aseguró a Reuters. Los extranjeros pueden soslayar las restricciones si forman una empresa brasileña, añadió.
"Simplemente queremos tener más control sobre quién compra tierra y adónde", explicó Genoino, miembro del centroizquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Previamente durante el año, el Gobierno brasileño amenazó a grupos foráneos de ayuda humanitaria con desbaratarlos si no entregaban informes detallados de sus operaciones y si no se registraban con media docena de autoridades, incluyendo a la Policía Federal.
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