Según recordó durante las III Jornadas Anuales de la Comisión Nacional de la Competencia, el Ejecutivo llegó a cuantificar el impacto de esta transposición en un incremento adicional del PIB de alrededor del 1,2% y la creación de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo.
Así pues, Berenguer indicó que, si finalmente se desvirtuara este objetivo, España estaría "perdiendo una oportunidad histórica de acometer una auténtica reforma estructural en un sector servicios que actúa como una rémora a nuestra competitividad y crecimiento económico".
El presidente del organismo regulador dirigió su dedo acusador hacia "dos casos flagrantes de incumplimiento y tergiversación del espíritu liberalizador y procompetitivo de la directiva": los procuradores y la distribución comercial.
En este sentido, consideró que la actividad de procurador debería reformarse, eliminando la reserva de actividad, algo a lo que se oponen desde la profesión, mientras que, por otro lado, abogó por la eliminación de todo tipo de autorizaciones en la regulación de la distribución comercial, cuestión que, según dijo, algunas comunidades autónomas ven como una "amenaza".
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