MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Captación de Financiación en los Mercados Concesionales de Obras Públicas con el que se busca fomentar la participación de la financiación privada en la construcción de infraestructuras, reforzando las garantizas de las empresas.
El texto, que ahora inicia su trámite parlamentario, constituye uno de los principales pilares del plan extraordinario de infraestructuras que prepara el Ministerio de Fomento para invertir 15.000 millones adicionales hasta el fin de Legislatura en colaboración con la iniciativa privada.
Para lograr el objetivos que se propone, el texto legal articula medidas en dos direcciones. Por un lado, mejora las garantías que la Administración puede prestar a los que resulten titulares de sus concesiones o contratos públicos.
En este sentido, una de las principales novedades del proyecto de ley es la posibilidad de que las empresas puedan obtener avales públicos que les respalden para cualquier fórmula de endeudamiento con que las compañías privadas quieran financiar una obra pública. Hasta ahora, la disponibilidad de estos avales estaba limitada a las emisiones de obligaciones.
Con el mismo fin de facilitar el acceso a la financiación de los adjudicatarios de obras públicas, la ley crea un régimen de silencio positivo en relación con la autorización administrativa que debe obtenerse para titulizar créditos o hipotecar la concesión. Además, se eliminarán obstáculos para la amortización anticipada de los créditos participativos.
Como contraprestación, las empresas deberán mostrar un mayor "compromiso" con los proyectos que entren a financiar. Así, la norma fija nuevos requisitos de solvencia para las empresas que concurran a concursos públicos con el fin de conseguir una mayor implicación de éstas en la financiación de la obra con cargo a sus recursos propios y de proporcionar una mayor seguridad tanto a la Administración como a los acreedores de la sociedad adjudicataria.
En concreto, se exigirá que los recursos propios que aporten al proyecto sea de, al menos, el 10% de las inversiones asociadas a la obra concedida, con lo que se limitará al 90% de la inversión total prevista el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el texto busca "facilitar que los recursos privados contribuyan a financiar las infraestructuras públicas, cuya construcción viene siendo una fuente de actividad económica y de creación de empleo muy importante".
"Es una norma que otorga más garantías y habilita más facilidades y seguridad, con lo que servirá sin duda para promover la inversión, algo prioritario para el Gobierno en la actual coyuntura económica", detalló la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La aprobación del texto se registra en tanto Fomento busca capital privado para complementar la inversión presupuestaria en infraestructura mediante el referido plan extraordinario, y en el actual contexto financiero, que dificulta el acceso de las empresas a la financiación.
El texto, que ahora inicia su trámite parlamentario, constituye uno de los principales pilares del plan extraordinario de infraestructuras que prepara el Ministerio de Fomento para invertir 15.000 millones adicionales hasta el fin de Legislatura en colaboración con la iniciativa privada.
Para lograr el objetivos que se propone, el texto legal articula medidas en dos direcciones. Por un lado, mejora las garantías que la Administración puede prestar a los que resulten titulares de sus concesiones o contratos públicos.
En este sentido, una de las principales novedades del proyecto de ley es la posibilidad de que las empresas puedan obtener avales públicos que les respalden para cualquier fórmula de endeudamiento con que las compañías privadas quieran financiar una obra pública. Hasta ahora, la disponibilidad de estos avales estaba limitada a las emisiones de obligaciones.
Con el mismo fin de facilitar el acceso a la financiación de los adjudicatarios de obras públicas, la ley crea un régimen de silencio positivo en relación con la autorización administrativa que debe obtenerse para titulizar créditos o hipotecar la concesión. Además, se eliminarán obstáculos para la amortización anticipada de los créditos participativos.
Como contraprestación, las empresas deberán mostrar un mayor "compromiso" con los proyectos que entren a financiar. Así, la norma fija nuevos requisitos de solvencia para las empresas que concurran a concursos públicos con el fin de conseguir una mayor implicación de éstas en la financiación de la obra con cargo a sus recursos propios y de proporcionar una mayor seguridad tanto a la Administración como a los acreedores de la sociedad adjudicataria.
En concreto, se exigirá que los recursos propios que aporten al proyecto sea de, al menos, el 10% de las inversiones asociadas a la obra concedida, con lo que se limitará al 90% de la inversión total prevista el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el texto busca "facilitar que los recursos privados contribuyan a financiar las infraestructuras públicas, cuya construcción viene siendo una fuente de actividad económica y de creación de empleo muy importante".
"Es una norma que otorga más garantías y habilita más facilidades y seguridad, con lo que servirá sin duda para promover la inversión, algo prioritario para el Gobierno en la actual coyuntura económica", detalló la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La aprobación del texto se registra en tanto Fomento busca capital privado para complementar la inversión presupuestaria en infraestructura mediante el referido plan extraordinario, y en el actual contexto financiero, que dificulta el acceso de las empresas a la financiación.
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