En España, los notarios denuncian a los registradores por restringir su acceso a los libros de registro

MADRID.- El Consejo General del Notariado ha presentado tres denuncias ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), a las que próximamente se sumarán otras 27, contra varios registradores de la propiedad por no permitir el acceso telemático a los libros del registro a lo que están obligados por la Ley 24/2005.

Estas restricciones provocaron daños por valor de ocho millones de euros a 30 ciudadanos, quienes reclamaron esta cantidad total ante el Notariado por los daños económicos surgidos por no haber tenido acceso a los libros de registro tras la firma de escrituras, en su mayoría por la compra-venta de inmuebles.

"Se está sufriendo un deterioro del sistema de seguridad jurídica preventiva, porque el sistema de acceso 'on-line' a los registros no está disponible", afirmó en rueda de prensa el presidente del máximo órgano de los notarios, Antonio Ojeda.
El Notariado acusa a los registradores de incumplir la Ley Hipotecaria 24/2005 que les obliga a dar acceso a los libros de registro a todos los funcionarios sin necesidad de intermediación profesional, por lo que pide a la DGRN la apertura de expedientes disciplinarios contra los registradores por incumplir este reglamento.
Los notarios alegan que una de las razones del posible incumplimiento de la Ley son los ingresos de un total de 30,2 millones de euros en 2007 y los 21,1 millones de euros de facturación durante los tres primeros trimestre del 2008 conseguidos por los registradores por el arancel de emisión de las notas en papel y telemáticas con información del registro, según los datos enviados por éstos al Ministerio de Justicia.
"Esos ingresos desaparecerían, porque el acceso directo se hace sin intermediación y sin tasa económica", explicó Ojeda, quien apuntó que pueden haber otras razones como que todavía no estén digitalizados todos los libros de registros o que la información no esté actualizada.

El seguro contratado por el Notariado por las posibles responsabilidades civiles que se pudieran derivar de las actuaciones de los notarios pagará los ocho millones de euros reclamados por las 30 personas físicas y jurídicas afectadas, unos pagos que actualmente negocian con la compañía aseguradora La Estrella.
El presidente del Notariado defendió que los clientes accedieron a firmar las escrituras a pesar de haber sido informados por parte de los notarios de que no habían podido consultar el registro y que éstos, por Ley, no se pueden negar a realizar las transacciones.
Entre los problemas que pueden afectar a los ciudadanos por el tiempo transcurrido entre la firma de las escrituras públicas y la recepción por fax de las notas simples de los registradores están casos de doble venta de inmuebles, entradas de un embargo o ejecución de títulos de propiedad, entre otras.
Ojeda acusó a los registradores de ser los responsables de estos daños por restringir el acceso telemático e incumplir las leyes de medidas fiscales, administrativas, del orden social y de impulso a la productividad.
En caso de que el seguro no cubra los pagos a los ciudadanos, éstos podrán acudir a la vía civil para reclamar las cantidades. El Notariado aseguró que, por el momento, sólo se plantea la vía administrativa ante la DGRN y la apertura de expedientes contra los registradores.
Por último, el Notariado considera que estas normas no vulneran la Ley de Protección de Datos, tal y como defienden los registradores, porque el acceso a los libros de escritura lo realizan los funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas y no como particulares.