Las principales empresas españolas "no son transparentes" y "venden a la opinión pública española una imagen que no se corresponde con la realidad" sobre su gestión en América Latina, denunció en conferencia de prensa Mabel González, responsable de la campaña de conflictos y medio ambiente de Greenpeace.
En el informe 'Los nuevos conquistadores', la organización ecologista recoge 43 casos de empresas españolas que producen un impacto negativo al operar en Latinoamérica. Entre ellos se enumeran las cinco represas que Endesa quiere construir en la Patagonia chilena, las cinco centrales de carbón que Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa quieren instalar en Guatemala, y los vertidos de la petrolera Repsol en el Parque Nacional Yasuní, de Ecuador.
Las empresas españolas llegaron masivamente a Latinoamérica a finales de los 80 y en los 90 durante los procesos de privatización de varios países, instalándose en sectores estratégicos como la energía, turismo o pesca, donde hoy ocupan los primeros puestos, "cuando no el primero", según Greenpeace, que señala que "esto ha hecho que se les vea como los nuevos colonizadores".
Actualmente, España es el segundo país inversor en América Latina, con una inversión acumulada neta de 130.000 millones de euros (unos 190.000 millones de dólares).
Las compañías españolas aplican "dobles estándares" en España y en América Latina que "no son aceptables", ya que "en muchos casos han actuado en esta región con prácticas que no serían tolerables" ni "legales" en territorio español, según la organización.
"Queremos que se opere con el estándar más estricto, que estas empresas informen más y mejor sobre los impactos sociales y medioambientales" y "que se les obligue a mejorar su transparencia", dijo González.
Otros ejemplos listados por Greenpeace son los hoteles levantados por grandes cadenas en zonas de manglar en el estado mexicano de Quintana Roo (sureste) y la sobreexplotación de recursos pesqueros de Pescanova, en Chile.
Las multinacionales españolas "no son una excepción" en abusos sociales y medioambientales: "las empresas estadounidenses seguramente no son mejores y las locales tampoco", según Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace.
La organización de defensa del medio ambiente presentará el informe al Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Congreso de los Diputados.
En España, "sea cual sea el color del Gobierno se apoya a estas empresas que están fuera como representantes de los intereses de España. Esto es paradójico porque a veces se ha empeorado la imagen de España en un continente muy importante para el país", en relación a América Latina, según Rodríguez.
A pesar de esta situación, González señaló "dos buenas noticias" ocurridas en los últimos meses. Una de ellas es que la semana pasada la comisión de Cooperación del Congreso adoptó por unanimidad una petición al Gobierno para crear un marco legal obligatorio para que las empresas españolas que extraen petróleo publiquen los impuestos que pagan en el exterior, las subvenciones que reciben de los gobiernos y los beneficios.
Ello acabaría con el carácter voluntario que tiene actualmente la llamada 'responsabilidad social corporativa', lo que denuncia el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
La otra es que en agosto, dos relatores de la ONU abrieron el debate sobre la posibilidad de juzgar a empresas por sus abusos en el exterior, lo que sería "un paso más en la justicia universal", según González.
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