El TUE condenó en 2008 a España por no establecer un período obligatorio para que las autoridades notifiquen la decisión de adjudicación del contrato a todos los licitadores y por no contemplar un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación del contrato y su celebración.
Según las autoridades españolas, el nuevo sistema español de procedimientos de recurso en el ámbito de la contratación pública cumple plenamente las exigencias de la normativa comunitaria, pero la Comisión Europea no comparte esta opinión.
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