BRUSELAS.- Las disputas sobre financiación, en un contexto de crisis económica, socavan la credibilidad del plan de acción contra el cambio climático propuesto por los europeos y podrían ser la causa de un fracaso en la conferencia de diciembre en Copenhague.
"Sin dinero sobre la mesa, no habrá acuerdo en Copenhague", donde la comunidad internacional se dará cita entre el 7 y el 18 de diciembre para tratar de dar a luz un plan mundial contra el cambio climático, previno esta semana el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
Los Estados europeos "deben llegar a un acuerdo" sobre financiación, exhortó Dimas, consciente del papel de liderazgo de la Unión Europea (UE) en las negociaciones internacionales. "¿Creen que los demás no miran lo que hacemos? No se engañen", advirtió.
Esta semana, sendas reuniones ministeriales europeas de Finanzas y Medio Ambiente en Luxemburgo se zanjaron sin resolver cómo Europa va a contribuir a financiar el impacto del cambio climático en los países pobres, un asunto central para lograr un ambicioso acuerdo en Copenhague.
Los ministros dejaron la cuestión para la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE los próximos 29 y 30 de octubre en Bruselas.
La Comisión Europea cifra la ayuda requerida para los países pobres en 100.000 millones de euros anuales (150.000 millones de dólares) entre 2013 y 2020 y evalúa que los miembros de la UE deberían contribuir con 2.000 a 15.000 millones de euros anuales, muy por debajo de los 35.000 millones que reclaman los ecologistas.
Pero algunos países como Alemania no están dispuestos a mover ficha. La razón, aducen, es que otros grandes Estados industrializados, como Estados Unidos, Japón y Australia, tampoco lo han hecho.
Cuando en diciembre de 2008 la UE adoptó su ambicioso plan contra el cambio climático, con la promesa de reducir para 2020 un 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, los líderes europeos esperaron que el resto de grandes potencias se sumarían al tren. Pero, a un mes y medio de la conferencia de Copenhague, la mayoría de actores internacionales como Estados Unidos todavía no se han comprometido ni con cifras de reducciones ni montos de financiación.
El entusiasmo europeo está dejando paso al escepticismo. Y casi nadie quiere oír hablar de compromisos económicos en el seno de la UE para apoyar a los más pobres. Nueve países del Este -Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Eslovenia, Letonia y Lituania- son los más reticentes y defienden una factura distribuida "en función de los medios de cada país" y, si es posible, "sobre una base voluntaria".
Ante estas divisiones, las negociaciones durante la cumbre de la UE de finales de octubre podrían acabar "en batalla campal", prevé un diplomático.
"Si tomamos decisiones ahora, podremos alentar a los otros países desarrollados a adelantar propuestas", insiste pese a todo el comisario Dimas.
"Sin dinero sobre la mesa, no habrá acuerdo en Copenhague", donde la comunidad internacional se dará cita entre el 7 y el 18 de diciembre para tratar de dar a luz un plan mundial contra el cambio climático, previno esta semana el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
Los Estados europeos "deben llegar a un acuerdo" sobre financiación, exhortó Dimas, consciente del papel de liderazgo de la Unión Europea (UE) en las negociaciones internacionales. "¿Creen que los demás no miran lo que hacemos? No se engañen", advirtió.
Esta semana, sendas reuniones ministeriales europeas de Finanzas y Medio Ambiente en Luxemburgo se zanjaron sin resolver cómo Europa va a contribuir a financiar el impacto del cambio climático en los países pobres, un asunto central para lograr un ambicioso acuerdo en Copenhague.
Los ministros dejaron la cuestión para la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE los próximos 29 y 30 de octubre en Bruselas.
La Comisión Europea cifra la ayuda requerida para los países pobres en 100.000 millones de euros anuales (150.000 millones de dólares) entre 2013 y 2020 y evalúa que los miembros de la UE deberían contribuir con 2.000 a 15.000 millones de euros anuales, muy por debajo de los 35.000 millones que reclaman los ecologistas.
Pero algunos países como Alemania no están dispuestos a mover ficha. La razón, aducen, es que otros grandes Estados industrializados, como Estados Unidos, Japón y Australia, tampoco lo han hecho.
Cuando en diciembre de 2008 la UE adoptó su ambicioso plan contra el cambio climático, con la promesa de reducir para 2020 un 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, los líderes europeos esperaron que el resto de grandes potencias se sumarían al tren. Pero, a un mes y medio de la conferencia de Copenhague, la mayoría de actores internacionales como Estados Unidos todavía no se han comprometido ni con cifras de reducciones ni montos de financiación.
El entusiasmo europeo está dejando paso al escepticismo. Y casi nadie quiere oír hablar de compromisos económicos en el seno de la UE para apoyar a los más pobres. Nueve países del Este -Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Eslovenia, Letonia y Lituania- son los más reticentes y defienden una factura distribuida "en función de los medios de cada país" y, si es posible, "sobre una base voluntaria".
Ante estas divisiones, las negociaciones durante la cumbre de la UE de finales de octubre podrían acabar "en batalla campal", prevé un diplomático.
"Si tomamos decisiones ahora, podremos alentar a los otros países desarrollados a adelantar propuestas", insiste pese a todo el comisario Dimas.
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