Esta es la conclusión de un informe presentado hoy en Bruselas, elaborado por Concord para analizar la coherencia de las estrategias europeas, en particular de su política agrícola, comercial, financiera, de cambio climático y de inmigración.
El coordinador de este documento, Romain Philippe, ha destacado varios ejemplos como "flagrantes incoherencias de la política europea", casi siempre ligadas a motivos económicos.
Según Philippe, mientras que los Veintisiete presumen de promover las fuentes de energía renovables y otorgan importantes subsidios a la producción de biocarburantes, los países en vías de desarrollo -desde donde la UE importa la mayor parte de esa clase de energía- talan sus bosques para poder cultivar el aceite de palma o la caña de azúcar con los que producir este combustible.
Además, añade el documento, los pequeños agricultores de estos países se ven abocados al desempleo como consecuencia de este cambio en la forma de producción, ya que sus tierras son adquiridas por las grandes empresas que comercializan con estos combustibles.
"En Sahel, la UE apoya con su mano derecha a ganaderos y agricultores, mientras que con la izquierda mina su posición financiando a los granjeros europeos y promoviendo una competencia injusta", ha denunciado también Concord.
Otro aspecto dañino de la estrategia comunitaria es su política comercial que, según el informe, importa desde los países pobres alimentos y materias primas sin tener en cuenta las consecuencias que ello supone para ese Estado.
"El modelo de producción y crecimiento europeo, basado en la exportación, lleva a una situación económica, social y medioambiental no sostenible, que amenaza con destruir nuestros ecosistemas", censura el documento.
Philippe ha criticado también la falta de asistencia europea a aquellos inmigrantes que, víctimas de las consecuencias del cambio climático, se han visto obligados a abandonar sus países.
Según el coordinador del informe, la escasez de agua, la degradación de la tierra, la subida del nivel del mar u otros desastres naturales provocarán que, en 2050, existan unos 200 millones de "inmigrantes inducidos medioambientalmente", para quienes no se contempla ningún régimen de protección especial ni en las leyes europeas ni en el derecho internacional.
Para superar estas "incoherencias", Philippe ha recalcado que la Unión Europea (UE) debería "cambiar totalmente de enfoque" y situar la cooperación como su principal prioridad, en lugar de subordinarla ante otras políticas como la económica.
Ha pedido también una reestructuración interna en la Comisión Europea, para que los temas relacionados con el desarrollo y la cooperación sean coordinados por una única Dirección General, y así poder diseñar políticas más coherentes y efectivas.
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