El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras asociaciones expusieron estas y otras denuncias sobre los derechos humanos en el país en una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el viernes.
Jean Ann Bellini, representante de la Comisión Pastoral de la Tierra, advirtió que en Brasil "la violencia en el campo continúa aumentando" alrededor de tres ejes: la explotación de esclavos, la violencia en la lucha por la tierra y la violencia contra las comunidades indígenas y descendientes de esclavos.
Pese a que más de 26.000 personas fueron liberadas de la esclavitud entre 2003 y 2008, señaló, las organizaciones están constatando un aumento de los trabajos forzados en el sur y el sureste del país "debido a la ampliación de los territorios para la producción de etanol".
Bellini añadió que muchas comunidades indígenas "sufren constantes agresiones mientras esperan la homologación de sus tierras", y que desde principios de 2007 se han registrado conflictos en 10 grandes reservas indígenas.
Según la activista, la demora en el proceso de regularización de las tierras de los indígenas "incita a la producción de conflictos", con lo que la violencia en las haciendas ha aumentado un 30 por ciento en los últimos dos años.
Joao Paulo Chaves, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), añadió que "los propietarios de latifundios más conservadores han usado milicias armadas para atacar a los sin tierra".
Chaves denunció que su organización, que aboga por la reforma agraria en el país, está siendo investigada y ha sido tachada de "terrorista", y alertó a la Comisión de la voluntad del Gobierno de "tipificar como delito los movimientos sociales".
Por su parte, la directora de la oficina en Brasil del CEJIL, Beatriz Affonso, aseguró que la dictadura militar que dominó el país entre 1964 y 1985 dejó tras de sí rastros de su aparato represivo, que se han materializado en una cultura "acostumbrada a la práctica sistemática de la tortura".
Según Affonso, estas prácticas se han seguido materializando de forma habitual en las prisiones debido a la "falta de un mecanismo de seguimiento eficaz", y a la "impunidad" de la mayoría de los agentes del Estado acusados de tortura tras la dictadura militar, de los que aseguró que el 70 por ciento fueron absueltos.
La abogada también mostró su preocupación por el fenómeno "relativamente nuevo" de las milicias paramilitares en el Estado de Río de Janeiro, que se ha intensificado en los últimos 4 años y mantiene el control de "alrededor de 131 comunidades en la región".
Los representantes del Estado reconocieron que el Gobierno de Brasil aún "siente la presión del régimen anterior", pero afirmaron que "el sistema está cambiando, a través de políticas de Estado que pretenden funcionar para varias generaciones".
Además, reconocieron su responsabilidad ante el problema de la violencia en el campo, que, aseguraron, tratan de solucionar a través de la Comisión Nacional de la Lucha contra la Violencia en el Campo.
El CEJIL concluyó la audiencia con la petición de que la CIDH haga una visita sobre el terreno a Brasil, en la que se reúna con organizaciones sociales y especialistas en discriminación y estudie la persistencia de la violencia institucional y rural en el país.
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