martes, 17 de noviembre de 2009

EE.UU.: la dictadura de los lobbies / Serge Halimi *

En Estados Unidos, un programa de ayuda social reservado a los pobres fue abolido en 1996 por el Congreso republicano y por el presidente demócrata William Clinton con el motivo (ampliamente falaz) de que favorecía “fraudes, derroches y abusos”.

Trece años más tarde, la reforma que defiende Barack Obama no alterará los fundamentos de un sistema de salud lamentable porque aquellos que se aprovechan de él compraron la protección de los congresistas. El programa de ayuda social abolido en 1996 representaba cerca del 1% del presupuesto estadounidense; las aseguradoras privadas bien protegidas devoran lo esencial del 17% de la riqueza nacional afectado a los gastos médicos.

El presidente de Estados Unidos es sin embargo uno de los mejores fiscales acusadores del orden con el que ha decidido componer. Noche tras noche cuenta “la historia de personas que trabajan duro y son rehenes de las compañías de seguro que se niegan a cubrirlas, o les anulan la póliza cuando más la necesitan, o les reclaman primas que no pueden pagar a cambio de cuidados desesperadamente necesarios. Tenemos un sistema de salud que funciona mejor para las aseguradoras que para el pueblo estadounidense” (1).

El proyecto defendido por Obama incluía en un principio dos avances reales. Por una parte, preveía hacer obligatoria la cobertura de salud para los 46 millones de estadounidenses que no están cubiertos subvencionando a los más pobres. Por otra parte, proyectaba la creación de un sistema público de seguros capaz de ofrecer tarifas menos prohibitivas que las de los trusts privados (2). En efecto, estos últimos consagran sumas enormes a la investigación de las argucias jurídicas que les permitirán no pagar los cuidados de sus asegurados apenas éstos se enferman.

Ahora bien, ¿por qué se alarma la derecha? “Si nace una ‘opción pública’ –fulmina el gobernador republicano de Luisiana–, ésta impondrá a las aseguradoras privadas una competencia desleal que las llevará a la quiebra” (3). Otras quiebras, más desgarradoras, deberían haber llamado su atención. Particularmente, en Luisiana, uno de los estados más pobres del país.

La política estadounidense está a tal punto gangrenada por el poder del dinero de los lobbies industriales y financieros que sólo las reducciones de impuestos pasan sin dificultad la barrera del Congreso. Imponer cualquier cosa a los bancos, a las compañías de seguros, a la industria farmaceútica se convierte en un desafío.

En este caso particular, el presidente (demócrata) de la Comisión de Finanzas del Senado, Max Baucus, cuya participación era necesaria para la adopción de la reforma, es también el parlamentario que más dinero recibe de los hospitales, las aseguradoras y los médicos privados.

Pero sus principales financiadores no se preocupan mucho por los problemas de su pequeño estado rural, Montana, ya que el 90% de las donaciones que recibe, por lo menos legales y registradas, provienen de otra parte. ¿Se ha comprendido ya que Baucus se opone a una reforma del actual sistema médico?

A un año del crack del liberalismo, el (pequeño) pánico de las oligarquías se ha disipado; el sistema político parece congelado en su favor. De vez en cuando, un operador más sospechoso –o más desafortunado– que otro termina detrás de las rejas; se rezan entonces las palabras mágicas: moralización, ética, reglamentación, G20. Y todo vuelve a empezar.

Interrogada sobre los bonos colosales otorgados a los traders del BNP–Paribas, Christine Lagarde, ministra de Economía de Francia y ex abogada de negocios en Chicago, se ha negado recientemente a condenarlos: “Si se dice ‘prohíbamos los bonos’, ¿qué es lo que va a pasar? Los mejores equipos de traders irán simplemente a trabajar a otra parte”.

Resguardados en un sistema político que los protege –y que protegen–, sacando provecho del cinismo general y del desánimo popular, los traders y las aseguradoras médicas sólo pueden perseverar en su función de parásitos. El “abuso” no es una desviación de su comercio, sino su esencia. Por lo tanto, lo que se impone no es una “reforma” a la que puedan consentir, sino su desaparición.


(*) Director de Le Monde diplomatique, Francia.


Notas:

1.– Reunión pública en Montana, 14–8–09.

2.– En 15 de los 50 estados que forman el país, más de la mitad del “mercado” está en manos de una sola compañía privada. Véase “The Tight Grip of Health Insurers”, Business Week, Nueva York, 3–8–09.

3.– Bobby Jindall, “How to Make Health–Care Reform Bipartisan?”, The Wall Street Journal, Nueva York, 22–7–09.

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