Si hay algún punto en el que coinciden ambos partidos, y también el presidente Barack Obama, es que los indocumentados, presumiblemente unos 12 millones de personas, no van a beneficiarse de la reforma.
Otro punto más delicado es la suerte de los migrantes legales que llevan en Estados Unidos menos de cinco años, el mínimo de tiempo actualmente necesario para poder solicitar acogerse a los programas públicos de sanidad, sobre todo el Medicaid (para los pobres).
"Creo que el presidente cree que los migrantes legales deberían poder participar en los beneficios de la salud", explicó recientemente la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, tras un acto con organizaciones hispanas. Pero "los que están aquí ilegalmente no podrán comprar un seguro en el mercado" nacional, si éste se crea, enfatizó la secretaria.
Un gran mercado nacional de pólizas médicas, que no existe en la actualidad en Estados Unidos, es el punto clave de la reforma de los servicios de salud que los demócratas empujan contra viento y marea en ambas cámaras del Congreso.
Cautelosamente, algunos legisladores demócratas están maniobrando para que algunos casos, como los matrimonios mixtos, puedan ser tenidos en consideración en la reforma. Los miembros de una familia que conste de "un esposo estadounidense y otro quizás indocumentado, serán tratados como cualquier otra familia" de estatuto legal, explicó el único senador hispano, el demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey), en referencia a la iniciativa en el Senado, que deberá fundirse en breve con la de la Cámara de los Representantes.
La propuesta en la Cámara de Representantes, que podría ser aprobada el sábado, pretende dar la oportunidad a 36 millones de gente sin seguro médico de obtener una póliza, lo que significaría darle cobertura al 96% de la población estadounidense.
Esta propuesta dejaría de lado a los migrantes legales con menos de cinco años de residencia en el país.
Según una auditoría independiente de un órgano del Congreso (CBO), esta propuesta dejaría en 2019 a "unos 18 millones de residentes sin seguro médico (un tercio de los cuales inmigrantes ilegales)".
Eso representa seis millones de ilegales que sí tendrían acceso de alguna forma a una cobertura médica, denuncian los republicanos, que han presentado su propia propuesta, más estricta en cuanto a control de identidad se refiere.
"Más de 46 millones de tarjetas de seguridad social han sido concedidas a no estadounidenses", criticó el jueves un comunicado de prensa republicano, que cita un informe oficial de 2006.
Pero a largo plazo, lo que está en juego es la salud de los aproximadamente 37 millones de inmigrantes legales y de los 12 millones de ilegales.
Si no obtienen acceso ahora a una póliza de seguros, se acogerán más tarde al Medicaid, advierten algunos expertos.
El debate se resolverá en las próximas semanas, con el trascendental voto final de la reforma sanitaria, pero lo que ha demostrado hasta ahora es que "la forma de resolver temas migratorios no es mediante los servicios de salud", sino a través de otra reforma, la migratoria, en palabras de la secretaria de Salud.
No hay comentarios:
Publicar un comentario