El sindicato alegó que mientras en Europa cada funcionario atiende a una media de 59 desempleados, en España esta proporción se triplica, de forma que un mismo funcionario tiene a su cargo a 189 desempleados.
La organización dirigida por Cándido Méndez insistió en la necesidad de dar "prestigio" socialmente a los servicios públicos de empleo, modernizándolos, dotándolos de recursos y situándolos como los responsables exclusivos de los itinerarios de inserción laboral personalizada.
En este sentido, UGT señaló que las agencias de recolocación, las empresas de trabajo temporal (ETT) y las entidades colaboradoras deben estar en todo momento tuteladas y coordinadas por los servicios públicos de empleo.
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