"Si se confirma que la actividad de una empresa se basa en el trabajo ilegal o el empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, se podrá cerrar administrativamente esa empresa", anunció el domingo el ministro de Trabajo galo, Xavier Darcos, en el diario Le Parisien.
Con el objetivo de luchar contra el trabajo ilegal y el empleo de los 'sin papeles', que en Francia serían oficialmente entre 200.000 y 400.000, en su mayoría del África negra y del Magreb, el Gobierno impulsará una ley que endurecerá las medidas aplicadas.
Por ejemplo, aumentar las inspecciones. El ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, precisó que ese texto de ley contemplará "un arsenal completo de lucha contra los abusos" de las empresas, como un aumento de las multas a las empresas en falta y el "reembolso de las ayudas públicas".
Besson dijo este lunes a la prensa que el texto será presentado "a fines de diciembre o principios de enero", y matizó la advertencia de su colega al indicar que el cierre podría referirse a "establecimientos y no a la empresa en sí". Los sectores que concentran la mayor parte de los trabajadores en situación irregular son la construcción, la restauración, la seguridad y la limpieza.
La "acumulación de sanciones no es forzosamente una buena señal", reaccionó el lunes en un editorial el diario económico francés La Tribune, que abogó "por el diálogo". Al hablar de extranjeros que trabajan en negro, es imposible no abordar el asunto de la inmigración y de la política migratoria.
Darcos afirmó que su "misión no es intervenir en el tema de la regularización, sino combatir el trabajo en negro" que representa un costo del "4% del PIB francés, es decir, 60.000 millones de euros" o el "equivalente al presupuesto de educación".
Las advertencias del Ejecutivo a las empresas que emplean a trabajadores en situación irregular se producen días antes de una reunión entre el Gobierno y los principales actores sociales en el marco de la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Ilegal, prevista para el jueves.
La semana pasada, más de una decena de entidades sociales y sindicales, entre éstas el sindicato CGT y la Liga de Derechos Humanos, pidieron al gobierno que sigan adelante las negociaciones sobre la regularización de 5.000 trabajadores sin papeles que están en huelga desde mediados de octubre en diversos puntos de Francia, pero especialmente en la región parisina.
El titular de Inmigración, que hace unas semanas lanzó un debate sobre la identidad nacional francesa, advirtió que "las medidas de regularización masiva están proscriptas porque crean una mayor afluencia de extranjeros en situación irregular", es decir el denominado "efecto llamada".
Estos anuncios del gobierno de derecha del presidente Nicolas Sarkozy, que reivindica temas predilectos de la ultraderecha, intervienen cuatro meses antes de unas disputadas elecciones regionales, en marzo de 2010.
Por el momento, el opositor Partido Socialista (PS), no presentaba una posición unánime: mientras que para algunos dirigentes todos los trabajadores sin papeles tienen que ser regularizados, para otros ello tiene que hacerse en función de ciertos criterios.
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