Como una ironía, la empresa finlandesa Botnia informó que el martes se concretó la venta de 500 toneladas de celulosa a una empresa argentina, que elabora papel higiénico y servilletas.
Empero, el problema de fondo, que es el cierre del puente General San Martín --que une a la ciudad uruguaya de Fray Bentos y Puerto Unzué en la provincia argentina de Entre Ríos--, se mantiene sin cambios debido a que llamados ambientalistas impiden el tránsito normal.
El gobierno argentino hasta ahora no ha tomado medidas para poner fin a la situación, que ha tensionado las relaciones con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, quien a su vez se niega a negociar con el puente cortado.
Otros dos puentes aguas arriba del río Uruguay han sido cortados periódicamente.
El senador del Frente Amplio Reinaldo Gargano dijo el viernes que el corte no sólo es ilegal sino que ha perjudicado a Uruguay "en centenares de millones de dólares". Fray Bentos ha sido duramente perjudicada con el cierre de comercios.
En septiembre de 2007, un laudo del Mercosur favoreció a Uruguay, resaltando la ilegalidad de ese bloqueo porque impide el libre tránsito de personas y mercaderías, punto central del libre comercio. Argentina hizo caso omiso de esa decisión.
Al mismo tiempo, ya se cumplieron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya las etapas de declaraciones, denuncias y réplicas de las partes en pugna y ahora queda conocer el año próximo cual será el laudo del organismo jurídico de las Naciones Unidas.
Argentina denunció a Uruguay ante la Corte Internacional, aludiendo a la violación del Tratado del Río Uruguay y la contaminación ambiental.
En el primer caso, Uruguay rechazó haber violado ese Tratado y dijo que el gobierno argentino en 2004 aceptó la instalación de la fábrica en el lugar y en cuanto a lo segundo, estudios técnicos internacionales han determinado que no existe contaminación alguna.
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