Representantes de 14 compañías transnacionales fueron invitados al acto de presentación del "Modelo de contrato de prestación de servicios" y enseguida mantuvieron una reunión privada con el ministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, para iniciar las discusiones sin presencia de la prensa.
Pinto explicó que el gobierno ofrece un modelo de contrato "que efectivamente permita la inversión, permita mejorar la producción ... y finalmente, reafirmar un concepto fundamental que está expresado en nuestra Constitución que es el concepto de soberanía, mediante esto el estado es el responsable de la gestión y del manejo de los recursos naturales no renovables".
"Los nuevos contratos claramente reflejarán este precepto constitucional" de soberanía, recalcó Pinto.
"El día de hoy (miércoles) estamos lanzando la discusión, empezamos el proceso oficialmente de renegociación de los contratos con las compañías", añadió.
Ningún representante de las compañías presentes ofreció declaraciones.
El gobierno inició en diciembre de 2007 un proceso de modificación de los contratos petroleros para fortalecer la presencia del estado y obtener mejores beneficios para el país, pero el proceso ha sufrido retrasos por la falta de una propuesta clara, a lo que se suma que está pendiente la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional.
El gobierno busca cambiar el actual modelo de contrato "de participación" en el que la compañía que explota el petróleo se queda con parte del crudo extraído, a un modelo "de prestación de servicios" que contempla la contratación de la empresa para extraer el petróleo y pagarle por sus servicios sin que pueda obtener parte del petróleo.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la compañía brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, las chinas CNPC, Petroriental y Andes Petroleum, la italiana Agip Oil, la chilena ENAP-SIPEC, entre otras.
Pinto no mencionó ningún plazo de negociación, ni dijo desde cuándo podrían entrar en vigencia los contratos.
En los últimos meses, el gobierno ha venido negociando los términos del nuevo contrato con las compañías brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la china Andes Petroleum.
Las intenciones del gobierno fueron repelidas por la firma de capital estadounidense y con sede en Panamá, City Oriente, que acordó cancelar por anticipado su contrato de explotación; y por la francesa Perenco, que mantiene un litigio en un centro de arbitraje del Banco Mundial.
Perenco también dejó de operar dos campos que pasaron a manos del gobierno que dijo que habían sido abandonados por la petrolera, que a su vez acusó a las autoridades de ejecutar una expropiación.
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