viernes, 11 de diciembre de 2009

En EEUU, los legisladores rechazan agregar ayuda hipotecaria a la reforma

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes se negó el viernes a ampliar un proyecto de ley de regulación de las actividades de Wall Street para incluir ayudas a los propietarios de viviendas que hubieran reducido el pago de sus hipotecas ante los tribunales de bancarrotas.

La previsión, rechazada por 241 votos contra 188, habría revivido un proyecto de ley anterior que fue aprobado en la Cámara baja pero fracasó en el Senado.

Los legisladores demócratas había esperado que al insertar la previsión en la legislación reguladora hubiesen tenido otra oportunidad de verla transformada en ley. Ayudar a los propietarios de viviendas en su bancarrota ha sido una previsión clave de la propuesta del presidente Barack Obama a fin de mitigar los embargos hipotecarios, aunque el mandatario no presionó para que fuera aprobada.

Los bancos y las cooperativas de crédito se opusieron a la medida sobre la declaración de bancarrota. Sostuvieron que desencadenaría una riada de peticiones de quiebra y que a la postre encarecería las tasas hipotecarias.

Por otra parte, los demócratas de la Cámara rechazaron una moción para impedir la creación de una agencia de protección del consumidor, por votación de 223-208.

Esa agencia es una parte vital del proyecto de ley y es firmemente respaldada por la Casa Blanca. Su rechazó habría sido un duro golpe para los demócratas y su empeño en actualizar las regulaciones financieras.

La agencia se hará cargo de las regulaciones consumidoras y de los poderes para imponerlas que están ahora divididos entre varios organismos reguladores de la actividad bancaria. Una coalición bipartidista propuso mantener los poderes de protección al consumidor en cada uno de los organismos reguladores y crear un consejo supervisor.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos presionó intensamente para que fuera rechazada la creación de la agencia y costeó anuncios televisivos a nivel nacional contra el proyecto. Los grupos activistas a favor de los consumidores sostuvieron que su creación es esencial en el plan general regulador.

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