lunes, 28 de diciembre de 2009

La recuperación económica, caballo de batalla de la presidencia de la Unión Europea

MADRID.- España asumirá el 1 de enero la presidencia rotativa de la UE con un "ambicioso" programa centrado en la salida de la crisis económica y el fomento del empleo, al tiempo que será el primer país en compartir el liderazgo con el presidente estable del bloque, Herman Van Rompuy.

"Queremos dar un salto cualitativo" en la política económica de la Unión Europea (UE), informan fuentes del Gobierno, que a nivel interno hace frente a una severa recesión que ha disparado el desempleo hasta casi el 20%, mientras el conjunto de los 27 volvió al crecimiento en el tercer trimestre de 2009.

Desde Madrid se aspira a impulsar durante la presidencia semestral una "mayor coordinación" de las decisiones económicas entre los países de la UE, de forma que la salida de la crisis se haga con paso firme y desemboque en un nuevo modelo de "economía sostenible" y generador de "empleo de calidad".

"Avanzaremos lo máximo posible" en una nueva estrategia económica a largo plazo, con el horizonte fijado en 2020, promete el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. La voluntad del Gobierno es aprobar sus grandes ejes en una cumbre de jefes de Estado y de gobierno a finales de marzo.

La cuarta presidencia de la UE que ocupará España desde que ingresó en el bloque, en 1986, tendrá la particularidad de ser la primera bajo el nuevo Tratado de Lisboa, que contempla un liderazgo 'bicéfalo' entre el presidente de turno, en este caso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el nuevo presidente estable de la UE, el belga Van Rompuy.

Por ahora, el reparto de protagonismo se basa en un "pacto de caballeros", en palabras de Moratinos. Tal y como establece el Tratado de Lisboa, Van Rompuy presidirá las reuniones, pero Zapatero tendrá "un papel destacado", explica el ministro.

"Hay un compromiso" del presidente del Gobierno de "no hacer la competencia a los nuevos dirigentes" europeos, asegura Moratinos. "No queremos perder el tiempo discutiendo dónde se va a sentar uno y dónde se va a sentar el otro", agregan fuentes del Ejecutivo.

España, cuya presidencia es considerada como de transición, consiguió no obstante imponer un programa con un buen puñado de reuniones con terceros países que se celebrarán en su territorio. "Vamos a entrar en el libro Guinness de cumbres", bromea el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Diego López Garrido. Así, la UE mantendrá durante el primer semestre de 2010 cumbres con Estados Unidos, América Latina y el Caribe, México, Marruecos, Pakistán y Egipto en distintas ciudades de España.

Estos encuentros ilustran otra de las prioridades de la presidencia española: reforzar el papel de la UE en el mundo, en momentos en que las relaciones entre Washington y Bruselas parecen cada vez más relegadas a un segundo plano como consecuencia de la emergencia de China y de otras potencias.

"Queremos una Europa creíble, fuerte, que cuente a la hora de tomar decisiones", afirma Moratinos.

Para ello, la UE dispone desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de una Alta Representante de Relaciones Exteriores, la británica Catherine Ashton, quien contará de aquí a abril con un verdadero servicio de representación exterior integrado por miles de funcionarios.

Además de "revigorizar" sus lazos con Estados Unidos, la presidencia española se propone concluir o hacer avanzar los acuerdos comerciales abiertos con varias regiones de América Latina: América Central, Mercosur, Perú y Colombia.

Tampoco obviará las relaciones con sus vecinos del sur del Mediterráneo, haciendo especial hincapié en las políticas de inmigración y desarrollando un sistema de "corresponsabilidad" entre los países miembros. "La UE debe mostrar solidaridad con sus países sureños", que cada año reciben decenas de miles de inmigrantes clandestinos, defiende Moratinos.

Finalmente, el ministro explica que España trabajará durante su presidencia por potenciar el principio de "igualdad externa", por el que Bruselas "no frenará" la ayuda al desarrollo a los países más necesitados, y de "igualdad interna" entre los ciudadanos europeos, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

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