sábado, 26 de diciembre de 2009

Los diputados griegos votan un presupuesto para salir de la crisis

ATENAS.- Los parlamentarios griegos votaron esta semana el presupuesto estatal para 2010 destinado a poner orden en "el caos" de las finanzas públicas del país, tras la inquietud en los mercados financieros provocada por la explosión de la deuda griega.

El texto fue adoptado por los 160 diputados socialistas del Pasok, que ocupa el poder desde octubre, frente a los 139 votos en contra expresados por los diputados conservadores (ND), comunistas (KKE), de la izquierda radical (SYN) y de la extrema derecha (LAOS). Un diputado conservador se abstuvo.

El debate parlamentario empezó el sábado para adoptar un presupuesto que prevé para 2010 una reducción del 3,6% del déficit, actualmente del orden del 12,7% del PIB.

El presupuesto ahora ya aprobado es "el más difícil desde la vuelta a la democracia (en 1974); la situación es extremadamente desfavorable y se debe aplicar objetivos muy ambiciosos", estimó el ministro griego de Finanzas, Georges Papaconstantinu, durante el debate presupuestario.

El objetivo del nuevo presupuesto es poner orden "en el caos de las finanzas" del país frente al "callejón sin salida" heredado por el gobierno socialista de sus antecesores conservadores, añadió el ministro.

La inquietud provocada por la explosión de la deuda griega provocó que las tres grandes agencias de notación financiera, Fitch, Standard & Poor y Moody's redujeran la nota del país de forma sucesiva desde el inicio del pasado mes de diciembre.

La deuda del Estado alcanzará en 2010 alrededor del 133% del PIB (326.000 millones de euros), frente al 125% del PIB en 2009 (300.000 millones de euros). La deuda general de Grecia, según los criterios europeos, alcanzará el 120% del PIB (295.000 millones de euros), frente al cerca de 113% en 2009 (272.000 millones de euros).

El Gobierno prevé un impuesto excepcional sobre los grandes beneficios y las grandes fortunas y el aumento de la imposición del tabaco y del alcohol.

Para reducir los gastos del Estado, prevé disminuir de al menos el 10% los salarios de los dirigentes de empresas del amplio sector público y bajar un 50% las retribuciones de los miembros de los consejos de administración.

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