Las autoridades suizas consideran que en caso de que Francia no devuelva los documentos quedaría constatado que el país galo rechaza aplicar la "convención europea de ayuda mutua en materia penal", un texto que data de 1958 y que fija las reglas de colaboración entre los investigadores de ambos países.
Las autoridades francesas han abierto una investigación por blanqueo de capitales a raíz de los datos proporcionados por Falciani, y la devolución de estos documentos supondría un fuerte golpe para la misma.
Precisamente, la gravedad de estas investigaciones podría permitir a Francia rechazar la petición suiza, ya que el artículo segundo de dicha convención recoge que si una petición "afectara al orden público o a otros intereses esenciales del país", ésta podría ser rechazada.
Desde el ministerio de Justicia, numerosas voces ya se han posicionado a favor de la devolución de los documentos de la investigación a Suiza. Sin embargo, este gesto supondría desautorizar a los servicios fiscales y al ministro de Presupuestos, Éric Woerth.
El robo de estas cuentas se ha convertido en el centro de una batalla inédita entre las justicias francesa y suiza. El pasado 9 de enero, las autoridades suizas presentaron los hechos como un robo y no informaron sobre posibles contactos con los servicios franceses.
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