Así se desprende de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre las cuentas anuales del ejercicio 2007, cuyos resultados han sido remitidos hoy al Consejo de Ministros.
En concreto, la Intervención General del Estado ha auditado un total de 205 entidades del sector público estatal, de las cuales 110 han sido favorables, 89 favorables, pero con salvedades, y otras dos desfavorables. Igualemente, la opinión se ha denegado a otras dos entidades, y se se ha denegado o ha sido desfavorable, parcialmente, para otras dos.
En el conjunto de entidades pertenecientes al sector público administrativo, las principales salvedades se producen, por un lado, en los organismos autónomos, fundamentalmente por deficiencias en el inmovilizado, como consecuencia de no tener inventario o tenerlo con errores significativos o por un registro incorrecto del inmovilizado y sus amortizaciones.
En los informes referentes a las mutuas siguen apareciendo las salvedades que les afectan con carácter general, en este caso por la insuficiencia de información e inadecuada imputación de gastos al presupuesto de la Seguridad Social.
En el sector público empresarial la mayoría de las salvedades se producen en las autoridades portuarias, al igual que en el ejercicio anterior, como consecuencia de la incorrecta contabilización de las entregas de bienes al uso general.
Las salvedades en el sector público fundacional son de escasa relevancia en el conjunto de entidades.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha emplazado a todos los ministros afectados a que adopten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias reflejadas en el informe y su contribución a mejorar la situación.
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