La resolución de la crisis tras la remoción por decreto del titular del Banco Central quedó en suspenso hasta que la justicia resuelva la apelación del gobierno a los fallos que reponen al funcionario y traban el pago de deuda con reservas.
El inédito enfrentamiento que amenaza con acabar en la Corte Suprema de Justicia, es sobre todo una pelea por la potestad del Ejecutivo para el uso de las reservas del Tesoro, valuadas en 48.156 millones de dólares a diciembre de 2009, más del doble de lo que había en las arcas cuando Redrado asumió en 2004.
El sábado el gobierno consiguió una excepción a la feria del fin de semana para presentar las apelaciones a los fallos de la jueza federal María José Sarmiento que el viernes restituyó a Martín Redrado al frente del Banco Central 24 horas después de ser destituido por la presidenta Cristina Kirchner.
En otro fallo también suspendió el desvío de 6.569 millones de dólares del Tesoro para pagar deuda. El conflicto incluyó la denuncia de la jueza respecto a presiones del gobierno mediante la presencia policial en su domicilio para que recepcione la apelación del Ejecutivo durante el fin de semana, un intento desesperado del gobierno por zanjar la cuestión y evitar mayor desgaste político.
Sin embargo, el gobierno logró presentar los escritos mediante una habilitación de la Cámara de Apelaciones, según lo indicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "Las presentaciones ya fueron hechas y comienzan a correr los plazos, la Cámara entendió que el tema no admite demora" y recepcionó los escritos, afirmó al canal de televisión C5N, aunque se espera que la jueza recién se expida el lunes.
El tema representa un dolor de cabeza para el gobierno que prepara en estos días el lanzamiento de canje de bonos para aquellos acreedores privados que rechazaron el canje de deuda de 2005 y que representan unos 20.000 millones de dólares en bonos en 'default'.
La operación se combina además con vencimientos de deuda que este año totalizan unos 13.000 millones de dólares y que el gobierno planeaba pagar en parte mediante la constitución del llamado Fondo del Bicentenario por 6.569 millones de dólares provenientes de las reservas.
Fue precisamente esa operación la que desató la crisis institucional, puesto que Redrado, aunque no se opuso, requirió el acuerdo parlamentario previo al giro de fondos por entender que se trataba de una medida que requería mayor respaldo legal.
En coincidencia, diputados de la oposición presentaron un amparo judicial para impedir el uso de reservas para el pago de deuda, medida a la que la justicia hizo lugar. La justicia deberá responder si acepta o rechaza la apelación del Ejecutivo, en cuyo caso el tema puede llegar a la Corte Suprema y su resolución dilatarse por semanas, un costo político que será difícil de digerir.
Por otro lado, el vicepresidente Julio Cobos, presidente del Senado y líder de la oposición, citó para el lunes a reanudar la labor parlamentaria -en receso estival- con el objetivo de dar "una solución política y no judicial" a la crisis, según el propio Cobos.
La conciliación no será sencilla teniendo en cuenta que el gobierno perdió la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de junio pasado y el conflicto por las reservas suscitó el aglutinamiento de todo el arco opositor, decidido a frenar la medida del Ejecutivo.
El ex presidente Néstor Kirchner, quien designara a Redrado en el Banco Central en 2004, consideró el sábado como "un instrumento y un empleado de intereses" al díscolo funcionario al que incluyó en "una conspiración" contra el gobierno.
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