Las operaciones del BCIE se mantuvieron en pausa a raíz de los acontecimientos del 28 de junio. Sin embargo, por decisión de la asamblea de gobernadores se adoptó el acuerdo orientado a normalizar la atención de las operaciones en Honduras", dijo el organismo en un comunicado.
Señaló que "el BCIE continuará con las operaciones del sector privado hondureño.... y procede a revisar los desembolsos derivados de operaciones del sector público".
El presidente ejecutivo del banco, Nick Rischbieth, confirmó que "los acuerdos del directorio (de la institución) entraron a regir de manera inmediata".
La ministra de Finanzas del gobierno de facto Gabriela Núñez dijo la semana pasada que Honduras no pagaría 405 millones de dólares en deuda al BCIE y que analizaba la posibilidad de demandar legalmente al banco por negarse a atender las necesidades de préstamos con la nación.
El BCIE no reconoció al gobierno del presidente de facto Roberto Micheletti, a quien el congreso designó en la presidencia luego que los militares depusieron a Zelaya y lo enviaron al exilio a Costa Rica.
La decisión del BCIE surge después del arreglo anunciado el miércoles por el presidente electo Porfirio Lobo de permitir al derrocado presidente a salir de la embajada de Brasil, en donde está desde hace cuatro meses, para que viaje a República Dominicana, que lo acogerá.
El BCIE fue fundado en 1960 por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras para fortalecer el proceso de integración y promover el desarrollo económico y social de Centroamérica. Sus socios extrarregionales son México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Panamá y la República Dominicana.
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