El Gobierno español dice sobre la economía sumergida que tiene "los días contados"

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega, descartó hoy la posibilidad de que existan contradicciones dentro del Gobierno sobre el nivel de economía sumergida que existe en España, y consideró que "no es el momento" de detenerse en "estimaciones o debates que puedan distraer el objetivo" de acabar con el fraude.

De esta forma, la vicepresidenta quiso poner fin al debate que suscitaron ayer las declaraciones de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, al asegurar que las estimaciones presentadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el día anterior sobre la economía sumergida (la situó entre el no tienen 16% y el 20% del PIB) no tienen base científica.

"En este momento lo más importante es que todos trabajamos en la misma línea para combatir el fraude", señaló De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aseguró además que "la economía sumergida y los viejos usos tienen los días contados" en España.

En este sentido, explicó que la lucha contra el fraude se sitúa en el marco de la necesaria modernización que requiere la economía española y adelantó que la reforma laboral que impulsará el Gobierno junto a sindicatos y empresarios supondrá "importantes avances" en esa dirección.

"El Gobierno está fundamentalmente trabajando en objetivos concretos", señaló De la Vega, quien recordó que "dentro de muy poco" se retomará el diálogo social con el objetivo de poner en marcha dicha reforma para que ayude a salir de la crisis y a detener la destrucción de empleo.

A su parecer, lo que necesitan los trabajadores son propuestas "realistas, valientes y sociales", lo que supone la puesta en marcha de medidas que permitan al país crear empleo sin abaratar el coste del despido y frenar el paro sin recortar los derechos adquiridos y sin rebajar "ni un ápice" el estado de bienestar.

Por otro lado, De la Vega también rechazó la posibilidad de que existan contradicciones en el Gobierno sobre la eventual puesta en marcha de sanciones o medidas restrictivas a los países de la UE que no cumplan los objetivos económicos de la Unión, a pesar de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a defender ayer una postura que ha sido descartada por otros miembros de su Ejecutivo.

Así, aseguró que no se siente "en absoluto desautorizada" por el presidente a pesar de que ella misma ha negado esta semana la posibilidad de que la presidencia española cree nuevas sanciones para los países miembros.

En este sentido, insistió en que el objetivo de España lo comparten todos los socios europeos y consiste en fortalecer la cooperación económica en la UE, el "instrumento más eficaz", y convertir a Europa en un "claro referente" del nuevo modelo de gobernanza económica.

Asimismo, resaltó el interés de la presidencia española de "hacer valer" el criterio europeo en la salida de la crisis y avanzar hacia una posición "clara" de liderazgo en parámetros como la sostenibilidad y la eficiencia sin perder los criterios de solidaridad y cohesión social que han marcado a la UE a lo largo de la historia.

"Eso es lo que queremos y en lo que realmente trabaja el Gobierno", señaló, tras admitir, sin embargo, que la Unión sí está tratando de consensuar un mecanismo de incentivos "comunes" que permitan a la UE seguir avanzando en el logro de estos objetivos así como reactivar la economía. "Marcos de actuación que nos vinculen y nos unan", añadió.