La ley, que fue aprobada el pasado 30 de diciembre por el 'Althing', el Parlamento de Islandia, reconocía la garantía estatal para el reembolso de los préstamos concedidos por el Reino Unido y Holanda al 'Fondo de Garantía para inversores y ahorradores', destinado a cubrir el pago de las garantías de depósito mínimo para ahorradores en la filiales del Reino Unido y Holanda del colapsado Landsbanki's Icesave.
De acuerdo a la Constitución, la decisión del presidente de no firmar la ley requiere que ésta sea sometida a un referéndum general tan pronto como sea posible, en el que necesita el apoyo de una mayoría simple de los votantes para seguir en vigor. Entretanto, la ley entra en vigor tal y como fue aprobada por el parlamento.
El Gobierno anunció que reflexionará sobre la decisión del presidente y estudiara la situación. A pesar de todo, el ejecutivo islandés mantuvo que sigue "plenamente comprometido" con la aplicación de los acuerdos de préstamo bilaterales y, por lo tanto, con la garantía estatal prevista por la ley.
El Gobierno ve los acuerdos de préstamos con el Reino Unido y Holanda como una parte del programa económico del Gobierno y como una solución a la incertidumbre sobre el reembolso del seguro de depósito exigido por la legislación islandesa. Además, recalca que constituye un paso importante para la normalización de la financiación externa del país.
Asimismo, subraya que el Plan Económico del Gobierno, desarrollado en cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con financiación procedente del FMI y los gobiernos de los países nórdicos y Polonia, sigue en vigor.
La primera ministra islandesa, Johanna Sigurdardottir, resaltó que el Gobierno "sigue comprometido para asegurar que Islandia cumple sus compromisos internacionales", e incidió en que continúa trabajando para garantizar "la creación un significativo número de puestos de trabajo y un crecimiento económico renovado".
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