"Un valor tan elevado era indicativo de una situación límite en la absorción de recursos crediticios", señala el profesor en el documento en el que han participado también miembros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros.
De hecho, entre 1997 y 2006 se produjo un "extraordinario" incremento de las tasas de rentabilidad financiera tanto en la construcción como en el sector inmobiliario, aunque prácticamente se desvanecieron en 2007.
El profesor Santiago Carbó, que repasa la evolución de la morosidad, asegura que las elevadas provisiones dotadas por las medidas del Banco de España y los niveles de cobertura han podido amortiguar en buena medida el impacto de la mora sobre las cuentas de resultados del sector bancario español. En cualquier caso, considera que el deterioro de los activos sigue siendo el principal reto a corto plazo en España.
Por otro lado, el documento analiza la crisis financiera en Europa y asegura que las autoridades nacionales deberían dar prioridad a la convergencia de las facultades y poderes de sanción de los supervisores financieros para armonizar los esquemas de seguro de depósito y encontrar una definición común de umbral de intervención o insolvencia regulatoria.
De hecho, Maria Jesús Nieto (Banco de España) y Gillian G.H. García (FMI) creen que esta armonización de las sanciones y de conceptos como el umbral de intervención permitirían la sincronización del comienzo de los procedimientos de saneamiento de entidades en periodos de crisis y la creación de estructuras de coordinación comunes que intercambien información en periodos neutros.
Monserrat Martínez y Fernando Restoy, de la CNMV, enfatizan la necesidad de avanzar "más decididamente" en la revisión de la normativa europea sobre la transparencia en los mercados de capitales, y aseguran que las reformas precisas no atañen sólo al control del riesgo, sino también a la restauración de un sistema de incentivos que favorezca que el comportamiento individual de los agentes no genere dificultades en la estabilidad financiera.
Así, afirman que el principal reto de las autoridades financieras es lograr que la nueva regulación no agudice los problemas de "riesgo moral" que han generado sus intervenciones, lo que implica buscar fórmulas para limitar las repercusiones sociales de las crisis de entidades concretas e impedir que las garantías de apoyo público generen incentivos "perversos" en la gestión de las entidades.
El presidente de Intermoney, José Pérez Fernández, pide que las nuevas instituciones que velarán por la estabilidad financiera en Europa se rijan por los principios de la eficiencia, eficacia, calidad, coherencia en la estructura de supervisión, independencia institucional, alcance de las decisiones, subsidariedad, neutralidad, continuidad en el tiempo y rendición de cuentas.
Por su parte, el investigador del Federal Reserve Bank of Chicago Richard J. Rosen apuesta por realizar un cambio "importante" en los esquemas de incentivos en todo el sector bancario, de forma que cada actividad tenga su riesgo identificado y su adecuada regulación y supervisión.
George G. Kaufman, de Loyola University, resalta los "culpables" de la crisis y apunta a los bancos centrales, la banca comercial, las agencias de calificación crediticia, los ingenieros financieros, el gobierno norteamericano, los inversores, los tomadores de créditos hipotecarios, los agentes hipotecarios y los reguladores prudenciales de labanca.
Por su parte, Jesúis Saurina, del Banco de España, augura un nuevo panorama bancario mundial como consecuencia de un "necesario" proceso de reestructuración del sistema bancario que, a su parecer, debe adecuar su nivel de capacidad productiva a un nuevo entorno económico menos expansivo en los próximos años.
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