El presidente islandés, Olafur Grimsson, rehusó ayer martes firmar la ley que autoriza al Gobierno a indemnizar a los ahorradores e inversores británicos y holandeses afectados por la quiebra de la entidad Icesave en 2008, decisión que obliga a someter el texto a referéndum.
Tanto el Gobierno británico como el holandés han criticado la decisión y han alertado a Islandia del riesgo de un "total aislamiento internacional" si no cumple sus obligaciones.
El Ejecutivo comunitario "está siguiendo la situación muy de cerca" pero considera que se trata "de un problema principalmente bilateral entre Islandia y Reino Unido y Países Bajos ya que se refiere a la compensación a los ahorradores británicos y holandeses con cuentas en cuentas de Icesave", según dijo uno de sus portavoces, Amadeu Altafaj.
"La Comisión espera que se pueda encontrar una solución aceptable para todas las partes", resaltó el portavoz, que no quiso especular sobre las consecuencias del conflicto en la candidatura de Islandia para entrar en la UE.
Se limitó a señalar que el Ejecutivo comunitario está preparando su dictamen sobre la petición de adhesión de Islandia y que espera que esta opinión sea "equilibrada, objetiva y completa". El dictamen analizará de cerca "cuestiones como el caso Icesave o el control de capitales" y la capacidad de Islandia de cumplir las "obligaciones" que le incumben en tanto que miembro del espacio económico europeo.
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