Durante el consejo semanal de ministros, Sarkozy anunció que el 20 de enero presentará un nuevo proyecto de ley, que debe entrar en vigor "el primero de julio", indicó el portavoz del Gobierno, Luc Chatel.
El 29 de diciembre pasado, el mandatario francés sufrió un serio revés cuando el Consejo Constitucional, alta institución francesa que se pronuncia sobre la conformidad de las leyes, censuró su anterior proyecto de ley sobre la 'tasa al carbono', denominada oficialmente 'contribución clima-energía'.
Esa iniciativa, que debía entrar en vigor el 1 de enero, establecía un impuesto de 17 euros por cada tonelada de CO2, producida por el consumo de petróleo, gas y carbón, emitida por hogares y empresas. Esa medida iba a suponer, por ejemplo, una subida de cuatro centavos de euro por cada litro de combustible, inspirándose en el modelo sueco, que funciona desde hace 18 años.
Pero en Francia, esa reforma levantó fuertes críticas de la oposición de izquierda y también en el seno de la mayoría gubernamental de derecha, donde muchos temían que ese nuevo impuesto fuese contraproducente a dos meses de las elecciones regionales.
Los ecologistas habían criticado la falta de ambición del proyecto.
Al anunciar el contenido de la iniciativa, a principios de septiembre, Sarkozy la presentó como una "revolución fiscal" y una "elección estratégica". Según la prensa francesa, ese impuesto iba a proporcionar al Estado ingresos por 2.000 millones de euros.
El opositor Partido Socialista francés, que sometió esa iniciativa al Consejo Constitucional, se congratuló de la decisión de esa instancia pues consideraba que era un impuesto "particularmente injusto".
Los jueces del Consejo Constitucional consideraron que esa nueva tasa rompía el principio de igualdad impositiva pues preveía una exoneración de un millar de industrias contaminantes.
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