Tras seis meses atareados con Suecia al mando, España tiene tarea para rato, sobre todo en lo referente a elaborar una estrategia coordinada para salir de la crisis financiera dados los profundos problemas económicos que afronta en casa.
La presidencia sueca ha dejado el listón alto en cuanto a organización y llevó a buen puerto el Tratado de Lisboa, que fue diseñado para simplificar el proceso de toma de decisiones en los veintisiete miembros del bloque.
España ha tratado de restar importancia a las expectativas sobre su presidencia, y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, indicó este mes que el país se emplearía modesta y discretamente en su labor.
"La presidencia española no va a renunciar a sus responsabilidades (...) y lo hará con modestia, discreción, trabajo y apoyo", dijo durante una sesión informativa en Bruselas.
Los analistas políticos tienen reservas sobre cuánto se ha preparado España para la presidencia, con una serie de asuntos locales sobre la mesa, y los medios españoles en Bruselas han expresado su preocupación sobre el nivel de planificación.
En un documento donde establece su agenda, España enumera sus prioridades: "afianzar" la recuperación económica del bloque; la total aplicación del Tratado de Lisboa, que crea una presidencia permanente de la UE y un poderoso alto representante para Asuntos Exteriores; y desarrollar políticas para los ciudadanos.
Pero es la agenda económica el mayor reto, particularmente la necesidad de que los estados miembros coordinen las acciones mientras van retirando las medidas de flexibilidad de las políticas monetarias introducidas para absorber el impacto de la crisis económica y financiera.
"Los estados miembros hemos hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes para combatir los efectos de la crisis", dice el documento sobre las políticas para la presidencia española (www.eu2010.es), que enfatiza la necesidad de retirar medidas excepcionales sin inflar más los déficits.
"Hay que abordar, con todos los esfuerzos precisos, el proceso de consolidación fiscal que asegure cumplir, en los plazos establecidos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", agregó.
Entre los países que más problemas tendrán para cumplir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE - que incluye un déficit presupuestario de menos del 3 por ciento del PIB - está España, cuyo déficit está previsto que supere el 10 por ciento del PIB este año.
Con un desempleo cercano al 20 por ciento y una reciente rebaja de las perspectivas de su calificación crediticia por parte de la agencia Standard & Poor's, España es uno de los países más afectados por la crisis económica y podría tener problemas para guiar una ambiciosa agenda económica.
Otra pesada responsabilidad será asegurar que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre, funciona conforme fue diseñado, aliviando el sistema de toma de decisiones a través de la presidencia y dando a la UE una voz más potente en asuntos exteriores.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, se entrevistaron en Madrid en diciembre para discutir cómo equilibrar sus funciones. Desde entonces, España parece dispuesta a ceder a Van Rompuy la iniciativa.
Eso debería evitar, al menos de momento, cualquier tensión entre la nación que preside semestralmente el bloque y el nuevo presidente, cuyo mandato es renovable tras un periodo de dos años y medio.
Pero un acontecimiento inesperado o una nueva crisis - como una fricción con Rusia por los suministros energéticos o un atentado en la UE - podría desestabilizar el delicado equilibrio de liderazgo.
Al mismo tiempo, España contribuirá a establecer el Servicio Europeo de Acción Exterior, un cuerpo diplomático creado por el Tratado de Lisboa y diseñado para apoyar el trabajo de la nueva alta representante, la británica Catherine Ashton.
Ashton es inexperta en asuntos exteriores - previamente ejerció como comisaria de Comercio de la UE - y su capacidad de reforzar la influencia de la UE a nivel mundial dependerá en gran medida de la calidad del cuerpo diplomático que se cree a su alrededor.
Con 12 cumbres en seis meses, algunas de ellas con América Latina, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Egipto, Chile, Japón, Marruecos y Pakistán, la agenda de asuntos exteriores de la UE está repleta.
España también espera plantear una serie de asuntos sociales antes del 30 de junio, como un plan para obtener una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, una iniciativa para reforzar los derechos de los ciudadanos, y programas para abordar la violencia contra las mujeres.
La inmigración y la lucha contra las redes que trafican con personas también ocuparán un lugar destacado.
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