"La decisión ha sido tomada", declaró el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, al diario Augsburger Allgemeine Zeitung en su edición que se publicará el miércoles.
Un informante anónimo propone a cambio de 2,5 millones de euros (unos 3,13 millones de dólares) una lista que podría permitir al fisco alemán recuperar al menos 100 millones de euros.
El caso es jurídicamente similar al de la compra de datos procedentes de Liechtenstein en 2008, "por lo que no podíamos tomar otra decisión", estimó Schäuble. En aquel entonces, Alemania desembolsó 5 millones de euros y podría haber recuperado ya 180 millones. Hasta ahora, ningún tribunal ha cuestionado la legalidad de la operación de 2008, agregó el ministro.
El lunes, la canciller alemana Angela Merkel ya había anunciado con claridad que Berlín tenía que hacer "todo lo posible para obtener esos datos".
Pero en su propio campo, ciertos conservadores emitieron reservas sobre la legalidad de la utilización de las informaciones obtenidas de ese modo.
Según el presidente de la comisión parlamentaria de Justicia, Siegfried Kauder, un influyente miembro del partido CDU de Merkel, esos datos "sólo serían explotables en el marco de un proceso penal contra los evasores fiscales concernidos", en una entrevista al diario Neue Osnabrücker Zeitung.
La oposición, por su lado, se muestra más bien favorable a la compra de esta lista, como la copresidenta de los Verdes, Claudia Roth, que subrayó que la remuneración de informantes en el marco de procesos penales es una práctica corriente.
Según el profesor de Derecho Tobias Singelnstein, de Freie Universität de Berlín, no es obvio que la utilización de este tipo de datos sea juzgada legal. De acuerdo con el Financial Times Deutschland, el Tribunal Constitucional alemán podría estar examinando el caso de los datos procedentes de Liechtenstein para determinar si son legalmente utilizables.
Un experto jurídico de renombre, Erich Samson, citado por el diario, estimaba por su parte que la compra de una nueva lista de evasores por parte del gobierno podría alentar los robos de datos en los bancos.
Pero además de los debates jurídicos, el caso provoca gran tensión diplomática entre Alemania y Suiza, que ve en este caso un nuevo ataque contra su secreto bancario. Al ser consultado por una radio helvética, Maximilian Reimann, presidente de la comisión parlamentaria suiza encargada de las relaciones con Alemania, acusó a Berlín de "manipular datos robados".
El portavoz de la Asociación suiza de Banqueros, Thomas Sutter, cuestionó incluso la negociación de un acuerdo de doble imposición fiscal entre los dos países, en declaraciones al diario Frankfurter Rundschau.
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